La izquierdista Xiomara Castro asumirá el gobierno de Honduras el jueves «muy consolidada» para unos y en «peligro» para otros ante la crisis política en el seno de su partido que estalló tras la elección de dos presidentes del Congreso.
«No está en riesgo la señora (Castro). Se está consolidando», dijo a la AFP Raúl Pineda, analista y exdiputado por el derechista Partido Nacional (PN, del presidente saliente Juan Orlando Hernández).
Sin embargo, el analista y profesor de Sociología de la Universidad Nacional, Eugenio Sosa, consideró ante la AFP que «se viene una crisis de altas dimensiones, peligra que ni tome posesión Xiomara Castro».
«También hay peligro de un nuevo golpe de Estado», alertó.
El Congreso hondureño nombró este domingo a dos presidentes en ceremonias separadas, tiñendo de incertidumbre la toma de posesión.
Diecinueve diputados disidentes del partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre), con apoyo de formaciones de derecha, eligieron a Jorge Cálix como presidente del Congreso en un centro social.
En paralelo, parlamentarios de Libre leales a Castro y el Partido Salvador de Honduras (PSH) nombraron a Luis Redondo, de esta última formación y en el marco de un acuerdo entre ambos partidos, en el edificio del Congreso.
¿Quién es el titular legal?
La incógnita es cuál de ellos es el titular legal del legislativo.
Xiomara Castro –esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya en 2009– fue a felicitar a Redondo rodeada de simpatizantes afuera de la sede del Congreso y lo invitó a tomarle juramento el jueves.
Una alta fuente del poder judicial que pidió no ser identificada expresó a la AFP que una juramentación de la mandataria ante Redondo «puede ser considerada ilegal».
«La juramentación de Cálix el viernes como presidente provisional fue avalada por un acta del ministro de Gobernación, Leonel Ayala, lo que le da legalidad», afirmó.
Antes de jurar este domingo, Cálix había asumido el viernes como presidente provisional en una sesión cargada de agresiones entre los diputados leales a Castro y los disidentes.
Por su lado, Sosa consideró que la votación de los disidentes fuera del Congreso tenía más diputados titulares que la de Redondo, a quien votaron varios suplentes, otorgando «legalidad» a Cálix.
Pero «Xiomara no va a cader. Ella va a reconocer a Redondo, va a mandar a publicar en La Gaceta los decretos aprobados por Redondo», estimó.
El analista político y exprofesor de sociología Edgardo Castro advirtió que «la verdadera crisis va a estallar cuando Xiomara mande el primer proyecto (de ley) a un presidente ilegal», en alusión a Redondo.
Y coincidió en que «el que fue reconocido por el ministro de Gobernación fue Cálix», agregando que el gobierno saliente se dispone a hacer este lunes la publicación en La Gaceta oficial.
Muerte por inercia
«No le veo futuro a Jorge Cálix. Qué va a hacer Cálix y el resto de (sus) amigos cuando no tengan ni cómo pagar sus sueldos? porque las transferencias las controla Xiomara», consideró Pineda.
«El asunto es naturaleza de política, trascendió lo legal. La señora controlará los recursos económicos del Congreso, las fuerzas de seguridad, mientras (…) el grupo disidente morirá por inercia, solo es cuestión de días», agregó.
Víctor Meza, quien fue diputado del gobierno de Zelaya (2006-2009) y dirige actualmente el no gubernamental Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), coincide.
¿Está «en peligro la toma de posesión? No», señaló.
No obstante, dijo que lo que «está en riesgo la venida de la vicepresidenta» de Estados Unidos, Kamala Harris, y «tengo entendido que Washington ha aconsejado una mediación institucional».
«Creo que Xiomara sale fortalecida, va a tener un Congreso leal, que la va a acompañar, requiere un Congreso fuerte para recuperar la institucionalidad, el Estado de Derecho», resquebrajado después del golpe de Estado de 2009, explicó Meza.
Esa «es una tarea impresionante, que no la puede hacer con un Congreso montado por Jorge Cálix», dijo, y añadió que esa directiva del Congreso «va a ir evaporándose» pues «no tiene recursos», agregó.
Irrespeto a la Constitución
Por su parte, el excomisionado estatal de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, atribuyó el conflicto al irrespeto a la Constitución desde su vigencia en 1982, cuando asumieron los gobiernos civiles después de casi 20 años de gobiernos militares golpistas.
Desde 1982, «hemos venido por el cauce desviado del irrespeto a la Constitución. El Estado democrático, el Estado de Derecho, no se ha podido realizar, su aplicación se hizo para beneficiar a personas y grupos políticos y económicos», expresó Herrera Cáceres al analizar la causas de las constantes crisis políticas que afectan a Honduras.
«Se han creado pactos que han llevado a esa desviación por intereses que están determinados por la corrupción», aseveró y expresó su esperanza de «volver al cauce constitucional, así podemos encontrar ese objetivo común de dignidad, bienestar común y justicia social».
