Recientemente se nombraron 100 nuevos jueces para renovar el aparataje judicial. Dicha renovación es necesaria y válida en todos los niveles y en todos los juzgados de las diferentes ramas del derecho, y esta no debería aplicar solo para jueces, sino también para empleados del sistema judicial en general. En ocasiones, secretarios de juzgados no tienen la empatía para hacer ese trabajo, y es que los conocimientos jurídico-técnicos y la legalidad en su actuación es importante, pero también lo son los valores y la ética. Lastimosamente, he visto a secretarios revictimizando a los afectados, culpabilizando irónicamente a la víctima por el delito que cometieron en contra de ella y negando el derecho de petición, muchas veces por motivos absurdos que no están ni por cerca contemplados en la ley.
Esta renovación del sistema judicial es pertinente y oportuna, y todo el accionar judicial debería estar monitoreado permanentemente. Existen jueces muy buenos cuyas actuaciones son apegadas a la sana crítica y a la legalidad, pero también existen jueces que representan o defienden intereses contrarios al sometimiento del derecho.
El decreto 144, entre otros, tiene por finalidad sanear el sistema judicial de jueces que se han visto envueltos en temas de corrupción o que su accionar se ha distanciado de un criterio jurídico. Y es que hay acciones que le dan la razón al espíritu del decreto, pues basta ver que un magistrado, horas antes de ser trasladado de su puesto, emite una medida cautelar a favor del exalcalde de San Salvador y diputado electo por el partido ARENA al Parlacen Norman Quijano, y lo beneficia a pesar de sus imputaciones por posibles actos tipificados como delito. Esta medida cautelar que interrumpe de forma inmediata y temporal los efectos legales anteriormente establecidos fue tomada a todas luces de forma arbitraria y sin un sustento legal válido. Y después preguntan por qué los trasladan, y argumentan que su traslado es un atropello e ilegalidad. Ni lo uno ni lo otro.
La lectura que hago de esta situación es que debemos robustecer el control hacia los jueces. Confío en el sistema judicial de El Salvador, pero absolutamente nada es perfecto en esta vida y, por supuesto, hay jueces que tienen prácticas antijurídicas.
Debemos crear las herramientas y los mecanismos necesarios. En este caso, la honorable Corte Suprema de Justicia debe brindar seguridad jurídica,monitoreo constante y permanente a los jueces y estudiar sus resoluciones y actuaciones no solo jurídicas, sino también la ética, la honorabilidad y los valores que deben imperar en ellos.
El Consejo Nacional de la Judicatura es fundamental y tiene que aportar mucho a este tema. Este es el momento idóneo, ya que las nuevas autoridades son personas muy capaces y reconocidas por su honorabilidad y tecnicismo jurídico.
Este ha sido el «modus operandi» por décadas: justicia selectiva y beneficios solo para cierto sector de la población, una práctica que debe terminar en el país, ya que atenta directamente contra el Estado de derecho. Se deben redoblar los esfuerzos y hacer todo lo posible legalmente hablando para que la balanza de la justicia se incline hacia el lado correcto.
