El Gobierno de Perú acordó ayer declarar estado de emergencia a escala nacional por 30 días al enfrentar más de una semana de protestas desde que el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre. Al menos ocho personas han fallecido en los enfrentamientos policiales, incluyendo a varios menores de edad.
El ministro de la Defensa, Alberto Otárola, explicó que la medida fue tomada en una reunión de Consejo de Ministros, «debido a los hechos vandálicos, violentos y a la toma de carreteras, que ya están siendo intervenidas por la policía y la Fuerza Armada y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno», anunció desde Lima. Otárola explicó que pretenden tomar el control interno para luego lograr el libre tránsito, ya que casi 100 carreteras han sido bloqueadas.
«La Policía Nacional de Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de la Fuerza Armada», afirmó el ministro, y añadió: «Buscamos garantizar la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias».
El estado de emergencia también implica la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de libertad y seguridad personales.
La Policía Nacional informó que 71 personas han sido detenidas del 7 al 13 de diciembre en Lima, Ica, Arequipa, Apurímac y La Libertad, acusadas de haber cometido el delito contra la tranquilidad pública, la paz pública y disturbios en el territorio.
El Ministerio de Salud reportó que 26 personas han sido hospitalizadas tras disturbios registrados en Apurímac, Lima, Huancavelica y Arequipa. En cuanto a las víctimas mortales, seis han perdido la vida en el departamento de Apurímac, mientras que otra ocurrió en Arequipa y otra en el departamento La Libertad.
Proponen adelantar elecciones para diciembre de 2023
Tras un acuerdo entre la presidencia de Perú, Dina Boluarte, el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones, los comicios generales que tanto aclama la población, podrían desarrollarse en diciembre de 2023.
La mandataria detalló este miércoles que todas las autoridades de las que dependen los tiempos se reunieron ayer hasta llegar a la 1:00 de la madrugada de este día para adelantar todavía más las elecciones. Esto ocurre solo dos días después de que la presidenta haya presentado un proyecto de ley para que las votaciones se realizaran en abril de 2024. La iniciativa no frenó las movilizaciones a escala nacional. El país ya perdió a ocho de sus habitantes en protestas.
«Estamos haciendo un reajuste para que las elecciones se puedan adelantar a diciembre de 2023, antes de esta fecha técnica y legalmente no se puede proceder. Tenemos que mantenernos en el margen de la ley, salirse sería ilegal», aclaró Boluarte.
«Mantengamos la calma, Perú no puede desbordarse en sangre, esa experiencia la hemos vivido en los años 1980 y 1990, creo que no queremos volver a esa historia dolorosa, que nos ha marcado la vida. Queremos la calma y la paz, pongámonos a conversar», llamó a los manifestantes.
Adelantó que el gabinete de crisis, que formó el Gobierno para responder al estallido social, anunciará nuevas medidas en los próximos días.
Respecto al uso de la fuerza de la policía con bombas lacrimógenas y perdigones de goma contra la población descontenta, la presidenta señaló que los agentes actuarán frente a actos vandálicos.
Expresidente Pedro Castillo continuará detenido
Aunque ahora se terminaba el plazo de detención dictaminado por el juez por el autogolpe de Estado, una nueva petición de la Fiscalía para que el izquierdista Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva por 18 meses hizo que su defensa alegara que la institución pública no había compartido todos los documentos sobre la causa, por lo que el juez Juan Checkley determinó reprogramar la audiencia para mañana a las 8:30 de la mañana.
Ante este nuevo escenario, Castillo seguirá detenido por 48 horas más hasta que se lleve a cabo la audiencia en la que el juez determinará si acepta la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente.