En la guerra contra las pandillas, el decomiso de teléfonos celulares que las fuerzas de seguridad han realizado ha servido a la Fiscalía General de la República para recopilar evidencia clave y acusar a los pandilleros de agrupaciones ilícitas en los tribunales.
El último informe del Ministerio de Seguridad detalla que desde la instauración del régimen de excepción el 27 de marzo del año pasado han decomisado 15,636 teléfonos a pandilleros y colaboradores.
Casi un año después del inicio de esta medida, los decomisos de los dispositivos han servido no solo para obtener pruebas, sino también para evitar que las pandillas continúen delinquiendo, ya que eran utilizados para planificar homicidios y extorsionar. Cuando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han intervenido a pandilleros, les han encontrado teléfonos celulares con fotos, videos, textos e información sobre la organización de las estructuras terroristas, con datos de víctimas de extorsión y las acciones delictivas que tenían previsto ejecutar.
Con la incautación de los teléfonos, las autoridades pudieron verificar que los portadores eran integrantes activos de maras o colaboradores. En los dispositivos descubrieron información sobre instrucciones y estrategias de los grupos terroristas para eludir los controles de las fuerzas de seguridad y evitar ser detenidos. A través de los teléfonos se intercambiaban información sobre la presencia de las autoridades y hablaban de los pandilleros que ya habían sido detenidos.
