La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó que se esté demorando para dar respuesta a la admisión del amparo interpuesto por Davivienda por la demanda que perdió contra el empresario salvadoreño José Antonio Salaverría y por la cual deberá pagarle $49.3 millones según la condena emitida por el Juzgado Primero de lo Mercantil y que luego fue confirmada por la Sala de lo Civil.
La compañía expuso que los magistrados de la Sala se habían demorado en darles una respuesta a la solicitud de amparo, y que había sido puesta en el «congelador». En ese sentido, advirtió con recurrir a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (CIADI) para demandar al Estado salvadoreño para resarcir los daños por retardación de justicia.
Al respecto de lo señalado por la financiera, la Sala aclaró: «La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza que en el referido amparo exista inactividad judicial. Por el contrario, sostiene que dicho proceso se ha mantenido en constante actividad procesal».
Agregó que «Dentro de la aludida actividad se encuentra lo relativo al trámite y resolución de recusaciones y excusas de magistrados propietarios. La última de estas cuestiones incidentales fue resuelta en noviembre de 2020, por lo cual la mencionada Sala actualmente se integra con dos magistrados propietarios y tres magistrados suplentes».
Dio a conocer también que «el Tribunal previno a la parte actora que aclarará una serie de deficiencias en la demanda, por lo que se debe analizar el escrito mediante el cual la demandante pretende subsanarlas. Dicho sea de paso, el expediente del proceso de amparo consta, a la fecha, de más de 15 piezas, es decir, más de 3,000 folios».
Trámites administrativos internos y pandemia
Asimismo, la Coste Suprema explicó que «Es necesario resaltar que cada resolución que emite la Sala de lo Constitucional conlleva un trámite administrativo interno que culmina con la ejecución de los actos de comunicación procesal a cada uno de los intervinientes».
Aclaró que «la demanda fue presentada en el segundo semestre del año 2019 y que la Sala de lo Constitucional ha redoblado esfuerzos para mantener el flujo constante de los procesos que son sometidos a su conocimiento, sin obviar la situación extraordinaria producida por la pandemia por Covid-19, lo que ha implicado un aumento de los ingresos de demandas de amparo, hábeas corpus, inconstitucionalidades y controversias entre los órganos Ejecutivo y Legislativo durante el año 2020».
Informó además que el mencionado proceso «se encuentra en estudio por la Sala, a efecto de determinar si la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la jurisprudencia y legislación procesal aplicable; siendo ese el estado jurídico actual del proceso».
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Andrés Salaverría, hijo del demandante, descartó que el proceso de respuesta por parte de la Sala de lo Constitucional se haya demorado, como fue planteado por los abogados del banco.
«Ellos vienen y dicen que van a demandar al Estado de El Salvador para resarcir los daños por el tiempo que ellos consideran un tiempo injusto que la Sala de lo Constitucional ha demorado en conocer sobre una demanda de amparo que ellos presentaron el 30 de julio de 2019. Mencionan que han pasado 17 meses en el congelador, lo cual desmentimos, es falso, con una cronología de movimientos que dos meses después de la presentación del amparo (14 de octubre de 2019) ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde hace 8 prevenciones al banco Davivienda para que aclare 8 puntos que a criterio de ellos (magistrados) habían sido mal presentados», dijo a este medio.