En el tercer día del juicio en contra de 10 acusados de ayudar a Mauricio Funes para que se apropiara de más de $351 millones, defensores justificaron que cuatro exempleados de Casa Presidencial solo siguieron lineamientos establecidos en los manuales y reglamento de la Ley Orgánica.
El abogado Roberto Claros, quien defiende a Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, Jorge Alberto Hernández Castellanos, exjefe de Tesorería, Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad y Pablo Gómez, exasistente técnico, manifestó que no es cierto que los imputados se hayan puesto de acuerdo para cometer el delito de peculado y lavado de dinero.
La Fiscalía ha mencionado que vía presupuestaría se originó la sustracción de fondos, pero según el argumento de Claros, el presupuesto general de la nación ya incluye los cuestionado gastos reservados y que esas asignaciones de fondos fueron discutidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa en su momento.
Para controvertir la posición fiscal de que los gastos reservados debían ser fiscalizados, Claros le dijo a los jueces que el legislativo ha establecido que todos los presidentes de turno utilicen a discreción la cuenta de gastos reservados.
En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé», y dueño de la empresa de seguridad Cosase, sus abogados pretenden desvincularlo de los delitos de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos.
Según los abogados, no existe un blanqueo de dinero y lo que ha ocurrido es que la Fiscalía General, dicen ellos, no ha separado la persona jurídica de la persona natural.
La erogación de fondos que aparece y que a juicio del ministerio público es lavado de dinero, los defensores expresaron que fue producto de servicios que Cosase prestó a Casa Presidencial.
Con respecto a la evasión de impuestos, mencionaron que debe declararse la nulidad absoluta porque antes de presentar la acusación penal no se agotó la vía administrativa, la cual tuvo que haberse seguido desde la Dirección General de Impuestos Internos.