La defensa de la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca ha planteado una nueva estrategia, que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador debe dejar de perseguirla penalmente porque el delito prescribió a mediados del año 2016, antes de que la Fiscalía iniciara el proceso penal en noviembre del mismo año.
El ministerio público la señala de lavado de dinero, pero el abogado Miguel Flores Durel, dice que en todo caso¸ la exprimera dama a lo mucho que podría llegar es a una cooperación no necesaria en el delito de lavado de dinero.
Al estar ante una cooperación no necesaria ya se extinguió la pena por prescripción, sostuvo el defensor. «La prescripción es un límite a la persecución penal. La conducta atribuida a la forma de cooperación no necesaria del delito de lavado de dinero, cumple los requisitos legales y jurisprudenciales de esa participación», según la estrategia de Flores Durel.
El defensor agrega que también hay ausencia de dolo; pues argumenta que no existe un plan de parte de ella y que además la exprimera dama nunca tuvo dominio del hecho y desconocía de la procedencia de los fondos. La Fiscalía ha insistido en que no pudo ignorar que se hicieran transferencias millonarias por servicios no prestados a través de las radios de Samix.
«La sala de lo Penal de la CSJ en la casación 451-S-2016 nos da la razón en este punto, entonces el primer pedido nuestro es que se extinga la acción penal respecto a ella porque los delitos que se le atribuyen ya prescribieron porque su nivel de participación a lo sumo llegaría a una cooperación no necesaria en el delito de lavado de dinero».
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La vista pública continuará el próximo martes con los alegatos finales de la Fiscalía. El defensor de Ana Ligia, dice que reforzará sus argumentos finales con prueba sobre toda la actividad que ella realizó desde la Secretaría de la Familia.
La exprimera dama es enjuiciada junto a otros siete imputados, entre ellos su hermano Oscar Mixco Sol, el auditor Milton Romero Avilés Cruz y cinco exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Otros cinco imputados fueron separados del proceso, tres de ellos por problemas de salud y dos que enfrentarán un proceso abreviado; entre los 13 imputados supuestamente lavaron $17,604,000, según la pericia financiera final que la Fiscalía expuso en el juicio.
