Durante el segundo mes del año en curso, nuestro país vivió dos procesos eleccionarios de especial trascendencia: de un lado, la contienda electoral organizada por las asociaciones de abogados, de las que al final salen 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los cuales se suman a un número similar de propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, de cuya lista, la Asamblea Legislativa elige a un número de propietarios y suplentes. Y de otro, la elección de diputados y concejos municipales de la que aludiré particularmente a la elección de diputados, dada la relevancia histórica que tendrá la nueva configuración de la Asamblea Legislativa, a la que le corresponderá la materialización de las elecciones de segundo grado, en un momento histórico en que nuestra sociedad civil tiene puestas sus expectativas en el que podría definirse como un nuevo Órgano Legislativo llamado a marcar un hito histórico en la construcción del Estado de derecho en nuestro país.
Pero ¿por qué hablar de pasado, presente y futuro y de la idea de dar a cada uno lo suyo en medio de esta histórica transición? Probablemente, el interrogante planteado tenga distintas respuestas, en especial, si lo asociamos con los últimos acontecimientos acaecidos en la Asamblea Legislativa: un pasado al que, sin lugar a dudas, no quisiéramos regresar por lo nefasto que ha sido; un presente en el que se trata de borrar el pasado, incluso a coste de la probable comisión de hechos delictivos, entre los que merece la pena mencionar falsedades y fraude procesal en la desesperada construcción de evidencias u ocultamiento de las existentes, y un futuro en el que se tendrán que elucidar los hechos que, ahora mismo están sucediendo, debiéndose deducir sin reparo alguno las responsabilidades que de estos deriven.
De ahí que la nueva Asamblea Legislativa no solo tiene por delante el reto de elegir a los nuevos funcionarios debiendo seleccionar a los mejores, porque eso es lo que merece nuestro país, sino que, evocando –en forma parafraseada– un histórico pasaje de Kant cuando aludió a la disolución de la sociedad civil por consentimiento de todos sus miembros, y que decidieran estos trasladarse a otro lugar; antes de hacerlo, según él, se debería poner fin al último delincuente para que el peso de sus crímenes no recaiga sobre ellos por complicidad, si los dejaban impunes.
Ahora bien, si retomamos como premisa el saber dar a cada hombre lo suyo, lo cual tiene su origen en el derecho romano y, lo ponemos en perspectiva de lo que se avecina, le ha de corresponder a la nueva Asamblea Legislativa, en tanto órgano fundamental del Estado, y a las nuevas autoridades que se elijan dar a cada cual lo que le corresponda, en concreción de la virtud de la justicia: solo de esa manera las expectativas creadas estarán a la altura de las actuales exigencias de una sociedad que no mira hacia el pasado, sino que vislumbra un porvenir, en el que difícilmente toleraría que se volvieran a repetir las viejas prácticas del pasado reciente.
