Dos auditorías de la Dirección de Auditoría Uno de la Corte de Cuentas de la República (CCR) hicieron cuestionamientos en contra de los partidos ARENA y FMLN por desórdenes administrativos e ilegalidades que cometieron en el uso de la deuda política que fue transferida por el Ministerio de Hacienda.
Los auditores identificaron que el FMLN gastó del financiamiento público $40,724.36 para que 3,950 de sus activistas pagaran la renovación del Documento Único de Identidad (DUI), y así pudieran votar en la primera y segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales de 2014.
A consulta de los auditores, el FMLN -dirigido en ese entonces por el secretario general Medardo González- respondió que administrativamente se generó un «error al momento de clasificar documentos», por lo tanto, se retomaron los fondos de la deuda política para financiar la renovación de los DUI.
Además, la dirección partidaria argumentó que la reposición de los DUI «fue una estrategia política basada en el Código Electoral, para asegurar que la población no dejara de ejercer su voto en las elecciones presidenciales de 2014».
Los auditores de la CCR no dieron como válidas las explicaciones de la dirigencia efemelenista y señalaron que dicha acción violentó la Ley de Partidos Políticos, por tanto, el caso fue enviado a juicio de cuentas.
«La reposición de los documentos […] no está relacionada con los propósitos para los cuales se otorga el financiamiento público, a través de la deuda política. Por lo anterior la condición no se da por superada», determinó la auditoría.
En el caso de ARENA, la indagación señaló que en 2014 el tricolor manejó en la misma cuenta bancaria el financiamiento público y privado, lo cual derivó en desorden administrativo y falta en el control de fondos.
