El 27 de marzo de 2026, El Salvador alcanza cuatro años bajo la medida constitucional del régimen de excepción, que ha reescrito las reglas de la seguridad nacional en el continente. Desde la mirada criminológica debemos evaluar con datos, cifras y evidencia los resultados. En el caso de los registros de personas detenidas, los presuntos pandilleros superan los 91,300; en cuanto a resultados evidentes, se registran más de 1,000 días sin homicidios intencionales, más del 90 % dentro de dicho período. El promedio de homicidios diarios este año es de 0.2.
En mi opinión, el principal resultado —medible también— es que estamos ante el desmantelamiento sistémico y sostenido de un «Estado paralelo» que operó con total impunidad durante tres décadas.
Antes del régimen de excepción, las pandillas en El Salvador no eran grupos delictivos que no trabajaban, ni estudiaban; eran verdaderas estructuras de gobernanza criminal que ejercían un control territorial efectivo, recolectaban sus tributos (extorsión) y administraban su propia justicia al implementar su código perverso que era sencillo: ver, oír y callar, con un amplio menú delictivo criminal. El régimen de excepción atacó el centro de gravedad de esta operatividad: la presencia territorial para cometer crímenes y delitos a sus anchas.
Al suspender garantías específicas, el Estado salvadoreño, por medio del Gabinete de Seguridad, sus instituciones y el apoyo invaluable y coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), recuperó el monopolio de la fuerza en comunidades, barrios, cantones y caseríos a escala nacional. El resultado es un país que, al finalizar el primer trimestre de 2026, disfruta de libertad, paz, seguridad, tranquilidad, libre movilidad y circulación; pero sobre lo anterior, de esperanza, ya que se ha transformado el miedo sistémico en una «paz por control» que ha dinamizado la economía local y el tejido social, el verdadero control territorial.
El éxito del régimen de excepción, potenciando la estrategia del Plan Control Territorial en estos 48 meses de vigencia, se explica en al menos seis pilares de asfixia criminal:
- Logística y financiera: las incautaciones han sido masivas. Golpe a las finanzas criminales, incautación de armas, vehículos, droga, dinero en efectivo, extinción de dominio. Este drenaje de recursos impide la reorganización de los «remanentes» que aún intentan operar en la clandestinidad, pero no han podido sobreponerse.
- Inteligencia de datos: el decomiso de teléfonos móviles y otros dispositivos ha permitido a la FGR y Policía Nacional Civil mapear jerarquías completas por medio de la inteligencia y técnicas especiales de investigación. Esto ha facilitado el inicio de juicios masivos y la propuesta de reformas para la cadena perpetua, asegurando que los cuadros de mando se encuentren en una incapacitación estratégica sobre estos cabecillas. Además de utilización de softwares potentes con alta tecnología.
- Desmantelamiento de las estructuras: por medio de los registros de captura de los integrantes de las pandillas criminales, no hay organización criminal.
- Inicio de la caída de una cultura pandilleril: durante tres décadas, ser pandillero, sicario, gatillero, rentero, homeboy fue un estilo de vida. Ya no es una opción que se privilegie por la juventud y adultos.
- Tributo a las víctimas de las pandillas: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) funciona no solo como infraestructura penitenciaria de máxima seguridad, sino como un símbolo psicológico de la pérdida de estatus del pandillero, rompiendo la mística de «orgullo» que alimentaba el reclutamiento. Se encuentran incapacitados de dañar.
- Alta aprobación ciudadana: para resumir las encuestas, nueve de cada 10 salvadoreños aprueban las medidas y disposiciones, incluso se exigen medidas más contundentes.
El régimen de excepción ha sido el complemento perfecto a la estrategia del Plan Control Territorial. El Salvador ha demostrado que el control territorial es posible, no un sueño; que se puede combatir y neutralizar a estructuras de crimen organizado y que además se dispone de evidencia e indicadores. Los testigos fieles y reales son la población que se ha visto beneficiada.
