El 1.º de julio entra en vigor la ley SB 1718 en Florida contra la inmigración irregular. Los que transporten a una persona que ingresó a Estados Unidos sin permiso podrían enfrentar la prisión o una multa, entre otras medidas. Ante este panorama, a partir del sábado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que la norma es «cruel, peligrosa y demasiado amplia».
Para ACLU la nueva disposición se convertirá en «una extralimitación del gobierno estatal y un abuso de poder que infringe los derechos y la libertad de los floridanos», ya que la comunidad será afectada en el ámbito laboral, de transporte y salud.
La regulación prohíbe el uso de permisos de conducir válidos en otros estados en manos de inmigrantes en situación irregular, también obliga a los hospitales que aceptan el programa Medicaid a recolectar información sobre la situación migratoria de los pacientes y a presentar informes trimestrales.
Cataloga como una violación emplear a inmigrantes sin documentos en regla, los proveedores que no cumplan con la ley estarán sujetos a un proceso sancionatorio. Las empresas con más de 25 trabajadores deberán utilizar el sistema E-Verify, para confirmar que la persona tiene autorización de empleo en Estados Unidos.
«Infunde temor en los inmigrantes floridanos que buscan acceder a atención médica, amplía las sanciones del programa federal E-Verify a las empresas y prohíbe el financiamiento de tarjetas de identificación comunitarias por parte de los gobiernos locales», señaló la ACLU.
«La legislación apunta a los inmigrantes en Florida y criminaliza a las personas que viajan por las fronteras estatales con extranjeros, incluidos algunos que están legalmente autorizados en el país»,
Para la abogada principal del Southern Poverty Law Center (SPLC), Anne Janet Hernández Anderson, la ley «va a aumentar el perfil racial por parte de los agentes de la ley, entre ellos policías, alguaciles, la patrulla de carreteras».
