La Asamblea Legislativa saldó esta semana una deuda histórica con la nación. Aumentó las penas de cárcel por los delitos cometidos por los pandilleros, dictaminó medidas para proteger a jueces, se reforzó económicamente a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de la Defensa, se estableció un sistema de recompensas para quienes denuncien —de manera anónima— a estos criminales y estableció que las sanciones por delitos graves para pandilleros menores de edad serán similares a las penas de cárceles para adultos.
Así, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, si el culpable tiene 16 años, podría recibir hasta 20 años de prisión. Incluso, si el involucrado es un menor de edad de 12 años, el castigo podría ser de 10 años de internamiento.
Estas disposiciones ponen en sintonía a las leyes con la realidad nacional. Buena parte de la legislación salvadoreña está inspirada en leyes vigentes en otros países y que aquí, de manera irresponsable, solo fueron adoptadas conforme a lo impuesto por gobiernos extranjeros o por organizaciones internacionales. De esta forma se cumple un ciclo de reformas de una ley que empezó a llamarse «del menor infractor» para transformarse en la Ley Penal Juvenil.
Los estándares de sociedades muy diferentes a la nuestra no se podían aplicar en situaciones en las que las pandillas usan a niños para cometer delitos de diversa naturaleza. Las leyes pensadas para las realidades de los países del primer mundo no sirven para impedir que criminales sin escrúpulos operen y evadan la justicia al involucrar a menores de edad.
La actualización de estas leyes era una urgencia de la sociedad salvadoreña desde hace décadas, cuando delincuentes juveniles ponían en jaque a poblaciones enteras precisamente porque confiaban en que no había cárcel y que los castigos a los que se exponían eran muy débiles.
No se trata, como falsamente pregonan ahora los opositores, de la vulneración de los derechos humanos, sino, más bien, de la actualización de las leyes. Nada diferente de lo que han hecho otras naciones, como la misma Estados Unidos, que juzga como adultos a menores de edad cuando cometen crímenes graves.
El presidente Nayib Bukele envió el paquete de reformas penales a la Asamblea Legislativa precisamente para enfrentar la emergencia de un aumento de asesinatos y para desmantelar el aparataje delincuencial que fue protegido, avalado y aprovechado por los gobiernos de ARENA y del FMLN.
Ahora es momento para que el Estado en su conjunto —con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial— trabaje de manera coordinada para erradicar del país el reinado de terror de las pandillas.
