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Este lunes, tras una audiencia judicial, se determinó que el presidente de Alianza, Pedro Hernández y otras cuatro personas imputadas en el caso de la desgracia en el Monumental Cuscatlán, el 20 de mayo pasado, continúen en prisión mientras duren las investigaciones.
Esa decisión jurídica complica aún más la situación financiera de los albos, de cara a jugar sin público como local en los próximos dos torneos cortos. Hernández no puede hacer trámites económicos con los albos, porque está bajo arresto.
De esa forma, no hubo liberación de fondos para comprar los boletos aéreos para los entrenadores colombianos, Eduardo Lara y José Silva, quienes pretendían iniciar la pretemporada de Alianza desde este martes 20 de junio.
A las complicaciones financieras de los albos hay que agregar que, según fuentes cercanas al equipo paquidermo, el propietario del equipo blanco, Adolfo Salume, no se ha reunido con los dirigentes Óscar Amaya y Gonzalo Sibrián, para la toma de decisiones en una posible planificación para el Apertura 2023, que se viene lleno de líos para los capitalinos.
Los albos deben pagar una multa de $30,000 por sentencia de la comisión disciplinaria de la Fesfut por la desgracia del 20 de mayo, que terminó con nueve hinchas albos fallecidos. A eso se añaden los dos torneos sin taquillas en los juegos como local. A parte de eso, Alianza no disputará el torneo de Concacaf en agosto, debido a la catástrofe del mayor pasao en el Coloso de Monserrat
Luego, este medio conoció que aún no se ha cerrado el trato para la renovación de Narciso Orellana, Marvin Monterroza y Mario González, tres piezas de la columna vertebral de los paquidermos.
