Gracias a las medidas que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador tiene los combustibles más baratos de Centroamérica. De hecho, lo que los salvadoreños se ahorran al comprar gasolina o diésel está entre $1.29 y $1.50 por galón, tomando en cuenta el valor sugerido gracias al subsidio, que incluso es menor porque hay gasolineras, de diferentes empresas, que ofrecen el producto por debajo del precio autorizado, como forma de ser más atractivos ante sus competidores.
Las medidas establecidas por el Gobierno, y avaladas por la Asamblea Legislativa, incluyen la suspensión temporal de dos impuestos: Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y Compensación Económica y Estabilización de Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros (Cotrans). A esto se suma la entrada en vigor de la Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles.
Si no se hubiese fijado el precio de los hidrocarburos que se utilizan para el transporte, público o privado, los ciudadanos pagarían hasta $5.60 por galón de gasolina especial. Es decir, sin las medidas implementadas por el Gobierno, el impacto económico habría sido devastador: la comida más cara, los montos que las familias destinan para el transporte habrían subido de tal forma que tendrían menos dinero para comprar alimentos y cubrir otras necesidades.
En Guatemala, por ejemplo, la gasolina súper cuesta $5.75 el galón; la regular, $5.44; y el diésel, $5.58. Las críticas han sido tales que el miércoles el Congreso Nacional aprobó una reforma para subsidiar el precio de las gasolinas súper y regular, y el diésel. Sin embargo, la estructura que se manejó solo beneficia a las empresas dueñas de las gasolineras y no a los consumidores, pues son las petroleras las que definen el precio de venta, lo que explica en buena parte que Guatemala tenga los precios más altos de la región.
En el país, el Gobierno del presidente Bukele consideró que el subsidio a los combustibles debería beneficiar no solo a los 1.2 millones de conductores, sino también a todos los ciudadanos involucrados con la cadena de suministros, el transporte de alimentos y las mercaderías, el transporte colectivo y toda la cadena de costos que se libra del aumento en los precios.
A esto se suma una constante y concienzuda verificación de la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía para el cumplimiento del cobro de los precios máximos.
