La víctima puede ser un individuo o una colectividad que haya sufrido lesiones físicas, emocionales, pérdida financiera y menoscabo de sus derechos humanos, agregando que las víctimas también son los familiares. La extorsión afecta no solo en lo penal, sino en lo físico, psíquico, económico, político y social, siendo los rasgos característicos de la víctima de extorsión el sufrimiento y la percepción de la injusticia.
La victimología, al ser la disciplina encargada del estudio multidisciplinario de las necesidades, características y protección de la víctima, permite visibilizar a los extorsionados, cuyas consecuencias de este delito son de índole económica, social y psicológica; de ahí que las víctimas afrontan estados recurrentes de estrés, ansiedad, daños psicológicos y desesperanza; además, en el pasado las víctimas de extorsión desconfiaban de las instituciones encargadas de la seguridad, generando más violencia por la corrupción de los gobiernos anteriores.
Las víctimas de extorsión en su mayoría eran las pymes, porque estos negocios se desarrollaban en las colonias y los barrios donde las pandillas, al no existir un control territorial del Estado por más de 30 años, se convirtieron en el brazo delictivo que se encargó de cobrar renta para mantener su economía criminal; entonces, a las víctimas se les imposibilitaba escapar, pues, literalmente, eran vecinos víctima y victimario, provocando intranquilidad, preocupación, ansiedad, desasosiego, aislamiento, depresión, ataques de pánico, sensación de soledad, culpa, vergüenza por la situación, entre otros síntomas psicosomáticos.
La extorsión consiste en obligar a una persona a efectuar un acto en perjuicio de su patrimonio, buscando ganar la moral de su víctima, obligándola con violencia e intimidación a hacer entregas de bienes económicos. Después del asesinato era el delito representativo de las pandillas, con el agravante de que impedía la libertad y el goce de la vida plena. Antes de 2019 reflejaba una derrota del Estado frente al crimen, pues directamente mostraba un Estado débil al no garantizan la seguridad de los habitantes y su patrimonio, afectando al país al gastar en planes de seguridad y no recibir impuestos, sin olvidar la corrupción que se beneficiaba de la violencia pandilleril.
En el aspecto psicosocial, estos extorsionistas usaban la amenaza, la violencia psicológica y el uso estratégico de información verídica de la víctima como forma de obtener sus resultados; en la mayoría de los casos, el «modus operandi» era a través de las llamadas de extorsión emitidas por el delincuente, cuyo objetivo era obtener beneficio económico de manera ilícita.
Por tal razón, además del delito de extorsión, los pandilleros cometían el delito de amenazas, homicidio, privación de libertad, desaparición o movilización forzada, lesiones, torturas, etcétera, es decir, la extorsión va más allá de lo patrimonial, tocando el orden psico-socioeconómico.
La víctima de extorsión sufría violencia psicológica, pues, aunque físicamente no se le dañaba, la zozobra de vivir con la perpetua amenaza de la extorsión parasitaria, denominada renta, dejaba secuelas psicológicas llevando a la depresión y enfermedades psicosomáticas. Por otro lado, la extorsión generaba efectos nocivos como la inseguridad que generaba baja o nula inversión nacional y extranjera, afectando la micro y la macroeconomía.
La extorsión es un delito pluriofensivo, no solo afecta un bien jurídico, sino también lo psicosocial, económico y político, dañando desde el individuo hasta el colectivo, pues patrimonio, integridad física y libertad se ven afectados. A niveles micro las víctimas propietarias de negocios reorganizaban su vida en función del pago de la extorsión, por ejemplo, las pymes reducían costos a través de despidos, cerraban o huían de la zona; en otros casos, empresarios de transporte se vieron obligados a contratar a pandilleros como motoristas, desplazando a la gente honrada, incrementando el desempleo.
Durante años, la extorsión estuvo ligada a las pandillas, que a la vez incrementaron el número de miembros que ingresaban, influenciados por la impunidad, quienes fomentaban el modelo como un estilo de vida aceptable, con nulas consecuencias, pues aunque los capturaban, quedaban libres en las primeras instancias, o si iban al penal vivían tranquilos con privilegios gracias a los actos corruptos de las autoridades penitenciarias de los gobiernos anteriores; por tal razón, las cárceles no eran una medida disuasoria para dejar de extorsionar, incluso continuaban con ese negocio de sangre, mientras que el Estado no tenía políticas públicas de prevención.
Con respecto a la realidad jurídica, es un delito tipificado en la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, la cual ha tenido reformas sustanciales que sirven para doblegar la voluntad combativa de los pandilleros y crear verdaderas penas que corten de raíz este delito. Asimismo, con el Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas se rompe con el patrón sociocultural de la realidad en que se vivía en las colonias donde los jóvenes crecían en un entorno conflictivo dominado por las estructuras delincuenciales, las cuales a la vez generaban permanente violencia y lucha entre pandillas para generar capital y poder utilizarlo en empresas fachada.
A nivel social, las víctimas de extorsión, o la gente que tenía trabajos formales y que vivía en barrios y colonias con presencia pandilleril, se veían en la necesidad de vivir en la mediocridad, en el sentido de no sobresalir ni destacar en nada, mantener estilos de vida paupérrimos, todo para no ser identificados como un blanco accesible y apetecible para las estructuras de delincuencia organizada. En pocas palabras, el control territorial, al ser dominado por las pandillas, influía en los aspectos socioculturales de las personas, tanto de las víctimas como de los vecinos, llegando a darse el caso de una convivencia con el enemigo, por lo cual dichas víctimas se resistían a interponer denuncias, porque desconfiaban de la capacidad de los gobiernos corruptos del pasado para resolver el problema.
El régimen de excepción que el Estado ha aplicado con el fundamento legal establecido en el artículo 29 de la Constitución vigente desde 1983, las reformas penales y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo hacen que los pandilleros no vean como una universidad del crimen estar dentro de una cárcel, por lo que el delito de extorsión y los demás actos criminales van en camino a la extinción.