El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, brindo una entrevista en el programa «A Primera Hora» de Radio 102.9, en el que lamentó los retrasos ocurridos en el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales del pasado domingo, sobre todo, por el alto presupuesto recibido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar a cabo los comicios.
«Este año se le dieron casi $50 millones al TSE para esa preparación (del proceso electoral): capacitaciones, instalación de sistemas», dijo Argueta, asegurando que a este Tribunal es el que «más fondos» se le ha otorgado al organismo colegiado hasta ahora.
«Antes al TSE solo se le daba $35 millones, este ha sido al que más dinero se le ha dado», apuntó Argueta durante la entrevista.
Argueta explicó que, pese a las irregularidades en el proceso, el Ejecutivo siempre apoyó al TSE en diferentes aspectos, específicamente mencionó el convenido para los trabajos de higienización, que se llevaron a cabo en los centros de votación del país.
«El Ejecutivo apoyó al TSE con convenios con el Ministerio de Salud, con la higienización. Todo el Ejecutivo se prestó a poyar el tema de las elecciones».
Por otra parte, Argueta sostiene que uno de los principales problemas en la organización de las elecciones y su ejecución, fue la vinculación partidaria de algunos de los magistrados, sobre todo, recordó el suceso de las credenciales que no fueron entregadas a tiempo al partido Nuevas Ideas.
«La vinculación partidaria de dos magistrados (del TSE) ha dañado el evento electoral. No creo que sea un error que no se le den 3,000 credenciales al partido más grande del país», afirmó el funcionario.
También lamentó que «se ha perdido tiempo», en el escrutinio final; ayer, el partido Nuevas Ideas denunció ante medios de comunicación que el sistema utilizado por el Tribunal había presentado fallas, por lo que se vio paralizado. Sin embargo, el escrutinio continúo posteriormente, con la instalación de las mesas de trabajo.
También mencionó el anuncio realizado ayer por el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, en el que aseguró que su partido se retiraría del escrutinio final, si este no finalizaba en 24 horas.
Ante esto, Argueta dijo que: «Los ánimos en las mesas se empiezan a caldear, al grado que un partido político ha amenazado con abandonar. Eso tiene, por supuesto, ciertas incidencias no solo de tipo administrativo, sino de tipo penal».
Agregó que dicha acción incurriría en consecuencias penales, y que podría hasta ser sancionado con de 4 a 6 años de prisión para la persona que instigue a la gente de su partido levantarse y dejar el escrutinio, en este caso, Óscar Ortiz, y también los integrantes que acaten esta indicación:
«En el caso del artículo 295 del Código Penal se establece el famoso fraude electoral. En la letra G establece que aquel que altere o que por cualquier medio impidiere el escrutinio de los votos, en este caso el escrutinio final, será sancionado con de 4 a 6 años de prisión», sentenció.
