La Fiscalía General de la República (FGR) junto a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron un allanamiento en la vivienda del empresario de transporte Catalino Miranda, sumando así seis inmuebles en total en los que se ha incautado documentación, en una serie de allanamientos realizados por las autoridades desde la tarde del lunes.
«Los registros con prevención de allanamiento son realizados en inmuebles relacionados en una investigación de lavado de dinero, en donde se investiga al señor Catalino Miranda y también se investiga sociedades en las cuales él tiene participación accionaria», informó la fiscal del caso.
Agregó que con la documentación incautada se procederá a realizar un análisis para determinar el patrimonio generado, por el transportista, en su calidad de accionista de por lo menos siete sociedades a las que pertenece.
«Hasta esta fecha se habían revisado cinco inmuebles, este día se sumo uno más que es la residencia en la cual habitaba el señor Catalino Miranda, todos los allanamientos son realizados por Fiscalía con el objetivo de recabar información que servirá de insumo para la investigación», detalló la fiscal.
Añadió que hasta el momento han incautado documentos relevantes relacionados con la actividad económica que se realiza por medio de las sociedades.
DECOMISOS
Durante la mañana del martes, Fiscales de la Unidad Especializada contra Lavado de Activos decomisaron balances financieros, libros contables, documentación relacionada con contratos y facturas de compra y venta automotrices de siete sociedades del transportista, quien está preso por el delito de desórdenes públicos.
«Se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades y de igual manera información personal del señor Catalino Miranda y se están encontrando diferentes facturas, balances financieros de las diferentes sociedades, así como documentación legal de diferentes contratos y compraventas», confirmó uno de los fiscales.
Miranda quedó en la cárcel desde el 18 de marzo de 2022, cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, lo dejó en detención por desórdenes públicos. En ese mismo expediente la Fiscalía lo procesa por resistencia.
El transportista tiene otra causa penal por el delito de venta a precio superior por el aumento no autorizado del pasaje en sus unidades de transporte lo cual fue verificado por la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte en las rutas 42 y 152. Las Policía corroboró que la tarifa aprobada por el VMT era de $0.20 pero a los pasajeros les cobraban $0.35.
