Los partidos ARENA y FMLN se han opuesto a que el presidente de la república, Nayib Bukele, utilice el régimen de excepción para combatir a las maras, pero en 2014 y 2016 los dirigentes de ambos institutos políticos propusieron esa medida para enfrentar el flagelo de estas estructuras delincuenciales.
Durante la campaña electoral de 2014, el entonces candidato a presidente de la república de ARENA, Norman Quijano, dijo que el régimen de excepción era una estrategia viable para enfrentar la criminalidad.
«Vamos a ampararnos en los poderes que nos concede la Constitución de la república para decretar un estado de excepción que nos permita utilizar todo el poder del Estado en contra de la delincuencia», expresó Quijano en una actividad proselitista en el parque Libertad, de San Salvador.
Actualmente, Quijano está desaforado de su cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y enfrenta la justicia penal por negociaciones ilícitas y fraude electoral por pedir apoyo electoral a las pandillas para ganar.
La campaña presidencial de 2014 la perdió Quijano en segunda vuelta contra el candidato del FMLN y excomandante guerrillero, Salvador Sánchez Cerén. Dos años después de haber tomado posesión del Ejecutivo, Sánchez Cerén implementó un pliego de medidas extraordinarias para enfrentar a las maras.
Esa acción fue en respuesta a la masacre que un grupo de pandilleros perpetró con machetes en contra de 11 personas (ocho empleados de una empresa de electricidad y tres agricultores) en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Algunas de esas medidas fueron trasladar a los cabecillas de los grupos criminales hacia el centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, y a otros de mediana seguridad, evitar las llamadas telefónicas desde las cárceles hacia el exterior y prohibir las visitas familiares.
Esas medidas fueron votadas por la Asamblea Legislativa con el aval mayoritario de los grupos parlamentarios de ARENA y el FMLN, y tuvieron una vigencia de un año, según el decreto aprobado.
Además, Sánchez Cerén dijo que su Gobierno iba a «estudiar» la posibilidad de implementar el régimen de excepción; sin embargo, esa propuesta nunca se concretó y los criminales continuaron derramando angre de personas inocentes.
El expresidente del FMLN reside en Nicaragua, país donde fue nacionalizado por el régimen de Daniel Ortega después de haber abandonado El Salvador. Aquí, él y varios de sus funcionarios son investigados por actos de corrupción cometidos en el quinquenio 2014-2019.
