La Justicia brasileña reconoció el viernes la validez de 29,100 millones de reales (unos $6,000 millones) en multas medioambientales aplicadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y que habían quedado prescritas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) reconoció por unanimidad la validez de 183,000 multas ambientales y que una orden emitida por el Gobierno anterior había creado un vacío legal para anular las multas debido a la prescripción.
La decisión de la Segunda Sala del STJ confirma la legalidad de la notificación pública para que los infractores ambientales presenten sus alegaciones finales en los procedimientos administrativos del Ibama.
Los 183,000 casos corresponden al 84 % de los avisos emitidos contra infracciones ambientales.
En 2022, el entonces presidente del Ibama, Eduardo Fortunato Bim, firmó una orden que establecía que la notificación por aviso público para presentar alegaciones finales quedaría sin efecto para las sanciones impuestas entre 2008 y 2019. Las sanciones prescribirían y, por lo tanto, los infractores quedarían exentos del pago de las multas.
El STJ aceptó un recurso presentado por la Abogacía General de la Unión (AGU) contra una sentencia del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4). La AGU demostró que la notificación por aviso público está prevista en la ley de delitos ambientales.
«La decisión consagra el compromiso de la AGU de dar seguridad jurídica al poder de policía ambiental. Y el STJ, al reconocer la validez de las inspecciones ambientales, ha contribuido a la lucha contra la deforestación», dijo Mariana Barbosa Cirne, fiscal general de la Procuraduría Nacional de Defensa del Clima y el Medio Ambiente.
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