Brasil inició este jueves la licitación de la red 5G, la mayor de su historia en el sector de telecomunicaciones, con 15 empresas participantes y la expectativa de atraer inversiones por unos USD 9.000 millones.
El presidente Jair Bolsonaro marcó con un martillazo simbólico el inicio de la puja en un acto en Brasilia, donde destacó el avance «histórico» en la conectividad del país.
El ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, subrayó que Brasil será el primer país de América Latina en tener 5G. Y proyectó que «se convertirá en un hub de innovación» para poder «recibir empresas, inversiones (...) y de aquí exportar tecnología».
La principal economía de América Latina, con 213 millones de habitantes, aspira con la nueva red a impulsar el crecimiento económico, con mayor eficiencia para distintos sectores, y conexión para más brasileños, instituciones educativas y hasta carreteras.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) abrirá los sobres con propuestas y las analizará, un proceso que puede extenderse hasta el viernes por la cantidad de ofertas.
El gobierno estima que esta licitación, considerada por especialistas una de las mayores del mundo, debería alcanzar casi 50.000 millones de reales (equivalente a unos 9.000 millones de dólares) entre inversiones en infraestructura y concesiones.
La puja se centra en cuatro bloques con frecuencias de diferente alcance y velocidad, por periodos de 20 años.
Además, incluye una red paralela para uso exclusivo del gobierno, en la que no podrán utilizarse equipos de la empresa china Huawei, excluida por los términos del llamado en medio de una disputa geopolítica por acusaciones de espionaje, especialmente por parte de Estados Unidos.
Impulso a la economía
Entre las 15 compañías que presentaron propuestas, cinco ya ofrecen actualmente servicios de telecomunicaciones en el país. Entre ellas figuran Tim (filial brasileña de Telecom Italia), Telefónica Brasil (dueña de la marca Vivo y filial del grupo español) y Claro (subsidiaria de la mexicana América Móvil).
Las otras diez son firmas más pequeñas, especialmente, de servicios de banda ancha por fibra óptica.
El cálculo oficial prevé unos 39.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) de inversiones en infraestructura, incluyendo equipos y torres de transmisión. Según expertos, la 5G precisa entre cuatro y diez veces más antenas que el vigente 4G.
Adicionalmente, el gobierno espera recaudar unos 3.000 millones de reales (unos 545 millones de dólares) por el uso de las frecuencias y otros 7.000 millones de reales (unos 1.270 millones de dólares) por concepto de conectividad de escuelas públicas.
Según Faría, la implementación de la 5G podría suponer un crecimiento del 10% solo para el agro, un sector con potencial de impulsar un 2,5% el PIB en la próxima década.
Esta red permitirá conectar aparatos entre sí y a la nube, con tiempos de respuesta inmediata, posibilitando, por ejemplo, el desarrollo de ciudades inteligentes, vehículos autónomos o cirugías a distancia.
Al mismo tiempo que apunta a dar este salto hacia el futuro, Brasil buscará incluir a 40 millones de personas sin conexión y compensar el rezago de las áreas menos desarrolladas, como algunaz zonas de la Amazonía.
«Visité comunidades indígenas y ¿qué pidieron? Pidieron internet. (...) No son solo los indígenas, son casi 10.000 localidades pequeñas que no tienen internet y van a tener», dijo Bolsonaro.
Aunque la licitación tuvo meses de demora y el país está rezagado en relación a otros de Europa y Asia, la llegada de la nueva tecnología al Distrito Federal y a las 26 capitales estatales está prevista para antes del 31 de julio de 2022.
Al resto de ciudades, con poblaciones mayores a 30.000 habitantes, la 5G llegará entre 2025 y 2028.
Red exclusiva
La disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, por la cual Huawei tiene vetado el acceso al mercado estadounidense, llevó a Brasil a licitar una red paralela para mantener a la compañía asiática al margen de sus datos confidenciales.
El gobierno de Jair Bolsonaro diseñó un llamado para que sus equipos puedan emplearse en la red general, pero no en la que sirva a los órganos gubernamentales, como los ministerios, el Congreso, las Fuerzas Armadas o la Justicia.
