Los medios de comunicación surgen para que los ciudadanos se informen de lo que sucede en el país y en el resto del mundo. En muchas ocasiones, se ven a sí mismos como reproductores de valores morales, por lo que buscan presentarse ante la sociedad como un ejemplo a seguir. A veces el cinismo es tal que incluso se autodenominan «faros», cuando en realidad son la herramienta de un sector político o económico para defender y concretar sus intereses, y, en lugar de ser considerados ejemplo, están integrados por personas que son la antítesis de los valores.
Así vemos casos de acosadores de mujeres que se presentan a sí mismos como defensores de la justicia, aunque sus delitos sean muchos y se ventilan en los tribunales, a pesar de que muchos más siguen en el silencio por el temor de las jóvenes a que sus casos sean considerados un ataque a los que se presentan como «periodismo independiente» y que no dudan en extender la mano para recibir generosas contribuciones de fundaciones extranjeras a cambio de vender su línea editorial y de prestarse para defender nuevos intereses.
Y también están los casos en los que los subalternos terminan expulsando al fundador del medio para adueñarse de los ingresos que reciben de la cooperación internacional, esas ONG extranjeras que no dudan de patrocinar pequeños sitios web que altaneramente se hacen llamar «revistas».
El escándalo más reciente surgió a raíz de la denuncia de uno de los accionistas de la sociedad que imprime «La Prensa Gráfica» en contra del presidente de la directiva, José Roberto Dutriz, por administración fraudulenta. El denunciante, que además es su primo hermano, se queja de movimientos administrativos y financieros que han dejado sin el reparto de utilidades por años consecutivos, mientras que el presidente de la directiva aumenta sus ingresos, gracias a recibir generosos sueldos y exorbitantes remuneraciones extra, y a no pagar justamente a los empleados, muchos de ellos despedidos, otros con los salarios reducidos, a quienes se les han negado más ingresos aduciendo que la empresa pasa «por malos momentos».
Bajo esta perspectiva, no hay autoridad moral en esta corporación empresarial cuando sus máximas autoridades no tienen reparos en quedarse con los recursos que, por justicia, debía repartir entre sus accionistas o destinar para pagar los esfuerzos de sus colaboradores. No hay duda de que, dados sus antecedentes, redoblará la campaña en contra del Gobierno, obligando nuevamente a sus trabajadores a distorsionar la verdad, sin brújula moral.
