Los 494 criminales que integran la cúpula de la Mara Salvatrucha deberán enfrentar un proceso penal por el cometimiento de 54,137 delitos registrados en los últimos diez años, entre los cuales se destaca el asesinato de 56 policías, 15 soldados, un vigilante penitenciario, un fiscal y 351 homicidios más relacionados con integrantes de las fuerzas del orden.
Estas imputaciones forman parte de un primer proceso judicial en el que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende que los cabecillas de la MS paguen por estos crímenes con sendas condenas impuestas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado. Vale aclarar que el resto de esta estructura criminal también deberá de responder por la muerte violenta de más agentes policiales y militares.
Los registros oficiales indican que entre el 2014 y 2022 fueron asesinados 288 policías y más de 120 integrantes de la Fuerza Armada, todos en ataques armados de la pandilla 18 y la MS. La mayoría de los crímenes sucedieron cuando las víctimas estaban con goce de licencia, al estar desprotegidas fueron emboscadas por los mareros.
Las jornadas más terribles que pasaron la Policía y el Ejército ocurrieron en gobiernos del FMLN, pues no les fue garantizada la protección a policías, soldados y personal penitenciario.
Al cierre de 2015 bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), 64 policías y 24 soldados fueron asesinados; las estadísticas oficiales revelan que fue en dicha gestión cuando se registraron 261 muertes violentas de agentes policiales y alrededor de 100 efectivos militares.
La brutalidad con que eran asesinados los agentes de las fuerzas del orden obligó a cientos de policías a abandonar la institución, así, por ejemplo, en 2017 el total de agentes que dejaron la PNC por ese motivo fue de 534. Los atentados contra familiares de los policías y soldados también se incrementaron.
Uno de los picos históricos de deserción policial ocurrió en 2018 cuando se totalizaron 706 casos; para el 2019 las deserciones fueron 612. Es con la llegada del actual Gobierno, en junio de 2019, que las deserciones se redujeron en más del 50 %, pues las autoridades priorizaron la seguridad y bienestar de todos los integrantes de las fuerzas del orden, en tanto que lograron encarcelar a los criminales.
Además, con la implementación del Plan Control Territorial, le otorgaron incentivos y mejoras salariales a los policías y soldados. Ya para el 2020 la deserción policial se redujo a tan solo 237 casos, mientras que en 2021 la cifra bajó aún más, pues ese año cerró con 156 casos.
