Prueba documental que evidencia que no hubo fallas geológicas en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral fue presentada en el Juzgado Noveno de Instrucción por las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Por esas supuestas fallas que, según la administración de CEL en el gobierno de Mauricio Funes, «la montaña se movió» justificaron el rompimiento del contrato con la italiana Astaldi a la que de paso le pagaron por obra inconclusa. Luego, la Fiscalía acusó a Funes de haber recibido $3.5 millones de la empresa italiana Astaldi a través de sobornos relacionados a ese final de contrato.
Las investigaciones fiscales del caso señalan que CEL le pagó $108 millones a Astaldi por la obra inconclusa. Funes es acusado de haber participado en un arreglo directo entre el representante legal de Astaldi, Mario Pieragostine Marocchi, y el expresidente de la autónoma Leopoldo Samour.
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Según el presidente de CEL, Daniel Álvarez, las 17 cajas presentadas con más de 2,000 folios cada una, ayudarán a robustecer la acusación contra el exmandatario y exhortó se investigue a funcionarios durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
«Entre la documentación presentada se encuentra el contrato completo de Astaldi y un informe actualizado de la energía no generada que se dejó de percibir, que suma $112,670,990 por una generación de 1,279.68 GWh», informó el presidente de CEL.
Álvarez asegura que «no solo hubo corrupción en CEL, también en la Geo donde hubo inversiones en pozos fantasmas. Pido que busquemos a quienes saquearon las finanzas del Estado, queremos recuperar el dinero del pueblo salvadoreño».
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Según el ministerio público, Astaldi suspendió la obra de la presa porque encontró irregularidades en el estudio de factibilidad, diseño y adjudicación de la construcción. Aproximadamente un año después, Astaldi aumentó los costos de la obra argumentando que se debía rediseñar la obra porque una de las montañas «se movió» a causa de la tormenta tropical Agatha.
CEL finalizó el contrato con Astaldi y la indemnizó con los $108 millones, pese a que la obra solo tenía un 29.9 % de construcción.
Por este caso, Funes enfrenta los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado en el Juzgado Noveno de Instrucción. Asimismo, la Fiscalía incluyó en este expediente a Mecafé y a Samour, por peculado (apropiarse de dinero público); a Pieragostini Marocchi, por soborno, y a José Efraín Quinteros, por lavado. Los tres imputados también son procesados por agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Mitchell Guzmán Sigüenza solo es señalada por lavado de dinero.
