La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) también quiere que se le excluya de la obligación del pago anual del 25 % en concepto de retribución fiscal sobre las utilidades obtenidas.
La autónoma está obligada por ley a «remesar al fondo general el 25 % de dichas utilidades, a más tardar el 31 de mayo del siguiente ejercicio fiscal».
La exclusión del pago de ese 25 % de retribución fiscal permitiría a la CEPA contar con los recursos y mejorar su flujo de fondos «para atender proyectos
estratégicos de inversión en infraestructura y actualización de equipo de operación».
La CEPA, en ese sentido, busca que la Asamblea Legislativa reforme el artículo 15, romano II, de las disposiciones generales del presupuesto y el instructivo SAFI N.º 03/2008.
«A pesar de la carga relevante de impuestos y contribuciones, CEPA ha cumplido y se encuentra solvente a la fecha», aclara su presidente, Federico Anliker, al exponer esta petición a los diputados de la Asamblea Legislativa.
Las autoridades también recuerdan que la Comisión se ha visto mermada en el ingreso de recursos económicos a raíz de la pandemia de la COVID-19, que impuso severos confinamientos en el mundo.
«CEPA tiene bajo su administración empresas que operan con pérdidas, las cuales generan un detrimento de sus recursos o disponibilidad, lo que limita efectuar inversiones en infraestructura para modernización y mejoras del servicio al usuario tanto en sus puertos como en aeropuertos», señala
