Pesquisas ejecutadas por fiscales de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas detectaron que alcaldes y exalcaldes, aprovechándose del dominio y conocimiento que tienen en sus municipios, incursionaron en la actividad ilícita del traslado de indocumentados hacia Estados Unidos y lideraron estructuras que llegaron a cobrar hasta $12,000 a cada víctima.
En los registros del ministerio público se han documentado condenas como la de José Ludgerio Cruz Quintanilla, quien siendo alcalde del municipio de San Miguel Tepezontes, departamento de La Paz, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a cuatro años de prisión, en noviembre de 2017.
En septiembre de 2019, el entonces alcalde de Pasaquina, La Unión, Marvin Alexánder Reyes Nativi, fue procesado por la Fiscalía, pero al no ser localizado por la Policía para detenerlo, un juez le emitió orden de captura y desde ese año se ha mantenido huyendo.
En marzo de 2018, la Fiscalía ordenó la captura de Lucio Edwin Ayala Flores, quien en ese año fungía como alcalde de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango. Mientras que en noviembre de 2020 fiscales especializados en investigación de tráfico de personas judicializaron el caso en contra del candidato a alcalde del municipio de Jujutla, en Ahuachapán, Rónald Álvarez.
Los dos casos más recientes registrados por la Fiscalía General de la República tienen que ver con la condena del alcalde del municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután, Benjamín Romeo Machuca Díaz, quien el pasado 9 de julio recibió seis años de prisión por tráfico ilegal de personas.
Veintiún días después, la Fiscalía afirmó que había desarticulado una banda de 28 integrantes dedicada al tráfico ilegal de personas, la cual había estado dirigida por el exalcalde de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Narciso Ramírez Ventura. Ramírez es procesado en libertad. Según la Fiscalía, cobraba entre $9,000 y $12,500.
PESQUISAS
En las investigaciones de la Fiscalía se encontró que las víctimas de este flagelo son personas vulnerables, entre las que hay mujeres y niños, a quienes los alcaldes y exalcaldes engañaron al prometerles un viaje seguro, pero tras ser entregadas a guías, fueron abandonadas en México.
En algunos casos fueron incluso entregadas a estructuras del crimen transnacional que comenzaron a extorsionar a sus familias exigiendo fuertes sumas de dinero a cambio de liberarlas. Estos funcionarios municipales hicieron del tráfico ilegal de personas su principal fuente lucrativa que les permitió incrementar su patrimonio ilícitamente.
Uno de esos expedientes fue el del exalcalde de San Antonio de la Cruz Lucio Ayala, a quien el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó, el pasado 24 de junio, que sus bienes obtenidos producto del tráfico ilegal de personas pasaran al Estado.
Según las indagaciones, el tráfico ilegal de personas se convirtió para estos imputados en un rentable negocio que los conectó con la delincuencia transnacional organizada. Al momento de judicializar los expedientes, los fiscales establecieron que en cada uno de los casos existieron esos elementos que exige el delito y los cuales tienen que ver con reclutar, ayudar y controlar el traslado de las víctimas de un país a otro, empleando diversos medios propios de la criminalidad organizada con el fin de obtener un provecho económico.
EXCANDIDATO A ALCALDE FUE PROCESADO
En noviembre de 2020, la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República ordenó la captura del entonces candidato a alcalde del municipio de Jujutla, Ahuachapán, Rónald Álvarez, por tráfico ilegal de personas en perjuicio de una víctima protegida, quien lo denunció ya que le ofreció llevarla ilegalmente hacia Estados Unidos por $6,000, pero solo la trasladó hasta Guatemala, en donde la entregó a otra persona para que la llevara a México, donde fue detenida y deportada.
CONDENA DEL EXALCALDE DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ
Lucio Edwin Ayala Flores fue detenido en marzo de 2018, cuando aún fungía como alcalde de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango, por tráfico de personas. Tras un proceso de más de dos años, el 9 de noviembre de 2020, el Juzgado de Sentencia de Chalatenango lo condenó a siete años de prisión por ese delito. Su víctima fue un hombre a quien le ofreció llevarlo a Estados Unidos a cambio de un pago de $8,000 entregado en dos cuotas. Le ofreció un viaje seguro y, en el caso no pasar la primera vez, le garantizó que se intentaría todas las veces necesarias hasta lograrlo. La víctima dijo que a finales de septiembre de 2015 inició el viaje, pero a mediados de octubre fue detenida en San Antonio, Texas, y cuando buscó al exalcalde para que le respondiera, allegados al imputado le dijeron que era peligroso y que mejor se alejara porque la podía mandar a asesinar.
EXALCALDE DE PASAQUINA, PRÓFUGO
El 4 de septiembre de 2019, el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana emitió orden de captura para Marvin Alexánder Reyes Nativi, quien en ese entonces era el alcalde de Pasaquina, en La Unión. La Fiscalía lo incluyó en una red de 32 imputados acusados de tráfico ilegal de personas. Al momento de judicializar el caso, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilegal y Trata de Personas dijo que era una estructura que estaba conectada mediante tres células que operaban en las tres zonas del país, con el fin de trasladar de forma ilegal a personas hacia Estados Unidos.
CONDENA DE SEIS AÑOS PARA ALCALDE DE CONCEPCIÓN BATRES
El alcalde del municipio de Concepción Batres, en el departamento de Usulután, Benjamín Romeo Machuca Díaz, quien fue electo para el período 2021- 2024, fue condenado el pasado 9 de julio a seis años de cárcel por el delito de tráfico ilegal de personas. La Fiscalía informó que, por medio de diferentes herramientas tecnológicas, probó ante el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel que el funcionario municipal se dedicaba a transportar a personas ilegalmente hacia Estados Unidos y que los interesados en viajar pagaban entre $3,000 y $4,000. El dinero era depositado por las víctimas en las cuentas bancarias del alcalde. Este proceso penal fue iniciado en agosto de 2018.
EXALCALDE DE SAN MIGUEL TEPEZONTES
En noviembre de 2017, el Juzgado Segundo de San Salvador condenó a cuatro años de prisión al entonces alcalde del municipio de San Miguel Tepezontes, departamento de La Paz, José Ludgerio Cruz Quintanilla, por el delito de tráfico ilegal de personas que la Fiscalía General de la República le imputó. El defensor presentó un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal y las magistradas confirmaron la condena impuesta. En la denuncia consta que Cruz Quintanilla, por medio de guías, pactó en 2014 con su víctima el pago de $9,000 para llevarla de forma indocumentada hacia Estados Unidos, y aunque en total hicieron seis viajes, nunca llegaron a su destino.
CAPTURA DE EXALCALDE DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ
El pasado 28 de julio, la Fiscalía informó que había desarticulado una estructura de presuntos traficantes de personas mediante un operativo ejecutado en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, San Salvador, Usulután y Morazán. Detalló que la red era dirigida por el exalcalde de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Narciso Ramírez Ventura. El ministerio público afirma que en sus pesquisas determinó que el exfuncionario municipal entre 2006 y 2018 se valió de su cargo para establecer una red de tráfico ilegal de personas en la región. Por cada persona y viaje ilegal cobraba entre $9,000 y $12,500.
