La minúscula oposición al actual Gobierno salvadoreño comenzó negando la existencia misma del Plan Control Territorial, alegando que las acciones emprendidas contra las pandillas criminales no eran expresiones de una planificación estratégica, sino una simple cadena de improvisaciones.
Esa oposición tenía entonces la mayoría legislativa y, por tanto, el pleno control institucional, excepto en lo relativo al Poder Ejecutivo; así, pudo bloquear el financiamiento del plan, boicotear en lo posible su ejecución y, coludida con actores internacionales, orquestar una intensa campaña sucia en contra de este.
Por una parte, denunciaban que lo que realmente existía era un pacto secreto entre el Gobierno y las pandillas y, de manera contradictoria, alegaban que las capturas masivas de criminales eran violatorias de los derechos humanos. De modo complementario, también alegaron que la inmensa mayoría de los capturados eran inocentes.
Pero entonces, ¿cómo podía explicarse la impresionante progresividad sostenida en toda la gama de delitos, sobre todo en el promedio de homicidios? ¿O, más aún, cómo podía explicarse el hecho contundente de que El Salvador no solo dejara de encabezar la lista de los países más violentos y, por el contrario, se acercara cada día más a la meta de convertirse en el país más seguro del continente americano?
El problema era que todo el esfuerzo opositor se diluía en el vacío porque, según todas las encuestas, nueve de cada 10 salvadoreños apoyan decididamente la estrategia de seguridad del Gobierno y pueden verificar en su propia realidad cotidiana que ya no tienen el control ni de un solo centímetro del territorio nacional, pues ya fueron derrotadas en su totalidad.
Ante esa realidad, la oposición no tiene más alternativa que fingir un cambio de táctica: hoy acepta al unísono el éxito del Plan Control Territorial diseñado y dirigido por el presidente Nayib Bukele, pero en esa misma aceptación introduce un matiz demeritorio al afirmar que ese éxito se obtuvo a costa de derogar la democracia.
Pero esa afirmación también se diluye en el vacío, porque es insostenible. En su sentido esencial, democracia es el poder de la mayoría social, y fue esa mayoría la que de manera pacífica en las urnas y en un doble movimiento le dio al presidente Bukele primero el Poder Ejecutivo y, luego, la mayoría calificada en el Poder Legislativo.
Además, es esa misma mayoría la que, también según todas las encuestas, respalda y aplaude su decisión de presentarse de nuevo a las urnas como candidato presidencial en una circunstancia excepcional en la que la oposición no tiene la menor oportunidad competitiva.
Todo lo planteado hasta aquí puede y debe traducirse en una conclusión inevitable: ante la fuerza imbatible de la mayoría social y de su liderazgo encarnado en Nayib Bukele, tanto las pandillas criminales como la oposición han capitulado. Que esto ocurriera al mismo tiempo es algo más que una simple coincidencia.
