Los gobiernos de ARENA y del FMLN le heredaron al país un corrupto sistema de justicia, inclinado a favorecer a los criminales y no a dar castigo por los delitos cometidos. Debido a eso, los pandilleros quedaban libres al poco tiempo de haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad pública, pues sus abogados alegaban tecnicismos y los jueces los favorecían, dejando en libertad a homicidas, violadores y extorsionistas.
En tres años del Gobierno del presidente Nayib Bukele —y gracias a la efectividad del Plan Control Territorial en combinación con el régimen de excepción, que permite medidas especiales en contra de los criminales—, la impunidad que ARENA y el FMLN dejaron en el 97 % ha caído a menos del 20 %.
Es decir, los antiguos políticos corruptos consideraban válido que solo tres de cada 100 detenidos por homicidio o cualquier otro delito terminaran condenados, lo cual demuestra la indiferencia hacia el combate de la criminalidad que existía en esas administraciones y que, además, da luces sobre los acuerdos debajo de la mesa que esa alianza perversa mantuvo con los pandilleros.
Las cuatro fases del Plan Control Territorial fueron dinamizadas con el régimen de excepción, que está vigente desde el 27 de marzo. Gracias a esas medidas hay una tasa de impunidad por debajo del 20 %. ¿Cuál es el secreto? El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, lo resume así: «Homicidio cometido, homicida detenido».
Esto ha sido puesto de manifiesto con los últimos sucesos registrados. Debido a la brutal caída de los homicidios, los pocos que suceden son resueltos más rápidamente y los policías y los militares ponen a los delincuentes a las órdenes de los tribunales.
Entre los 51,241 criminales detenidos durante el régimen de excepción hay 722 cabecillas de pandillas, nueve de los cuales forman parte del mando nacional de la MS-13.
El trabajo, si bien ha sido excepcional y los resultados son históricos, no ha terminado, aún falta mucho por hacer. El régimen de excepción ha permitido darles las herramientas legales necesarias a las fuerzas de seguridad y al sistema de justicia para llevar tranquilidad a las comunidades salvadoreñas, pero todavía hay cabecillas nacionales de las pandillas que siguen libres y hay pandilleros que ejecutan sus órdenes.
El Salvador es ahora más seguro y dejó atrás las listas mundiales de países violentos, pero la aspiración es convertirse en la primera nación libre de maras. No es un sueño imposible: cada día está más cerca.
