En su primera sesión de trabajo, los integrantes de la comisión especial de antejuicio contra el diputado cian Érick García definieron ayer las etapas que seguirá el proceso.
Dicha comisión la conforman los diputados Ernesto Castro como presidente, Rodrigo Ayala como secretario, Caleb Navarro como relator y Alexia Rivas, José Urbina y Raúl Castillo como vocales.
La representación fiscal estará a cargo de los legisladores Giovanny Zaldaña y Marcela Pineda. Todos son diputados de Nuevas Ideas, pues cuando Castro dejó abierto el espacio para recibir propuestas, durante la sesión plenaria anterior, ningún otro partido las presentó. Castro propuso ayer que el proceso se dividiera en tres etapas: la presentación de pruebas por parte de los fiscales y la defensa que designe García, la exposición de alegatos y el análisis de toda la documentación.
Además, se acordó que la comisión se declare abierta de forma permanente hasta que haya un dictamen a la petición de desafuero que presentó el fiscal general, Rodolfo Delgado, el pasado miércoles, por el presunto cometimiento del delito de falsedad ideológica.
El presidente del congreso destacó que la actual legislatura, a diferencia de otras, ha atendido con diligencia la solicitud de la Fiscalía, ingresándola de forma inmediata a la plenaria que se desarrollaba para que se conformara la comisión especial y fuera juramentada.
«Esta nueva Asamblea, con hechos, ha dejado claro que nosotros no hemos venido a hacer lo que hicieron los mismos de siempre. Con hechos hemos demostrado que hacemos las cosas de una manera diferente, y a la oposición le duele. Nosotros estamos actuando frente a la corrupción, venga de donde venga», expresó Castro.
Por su parte, el diputado Raúl Castillo señaló que desde la fracción de Nuevas Ideas se están sentando precedentes importantes para demostrar que la corrupción no se va a tolerar ni a encubrir, contrario a como hicieron partidos políticos en el pasado.
«Cada uno de los diputados de Nuevas Ideas es responsable de sus acciones particulares. En el pasado, desde esta Asamblea no se le logró quitar el fuero a Norman Quijano porque los partidos políticos lo secundaban. Se acabó ese tiempo. El fuero para nadie de los diputados actuales va a ser un impedimento para que la justicia haga su labor», agregó.
Según el artículo 284 del Código Penal salvadoreño, el delito de falsedad ideológica conlleva una sentencia de tres a seis años de cárcel. Los diputados también juramentaron a José Oswaldo López como notificador de la comisión, quien informará al diputado García sobre su proceso.
De no nombrarse un diputado que ejerza la defensa, García puede hacerlo por sí mismo o designar a un abogado; de no hacerlo, la comisión deberá solicitar a la Procuraduría General de la República que le asigne uno de oficio.
