Las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos hacia Latinoamérica han provocado la muerte de 38 personas en un centro de detención en México. A escala internacional, la manera en que empleados del Instituto Nacional de Migración de México (INM) ignoraron las llamadas de auxilio de los migrantes encerrados tras las rejas cuando el fuego se propagaba ha generado repudio.
Las autoridades mexicanas sugirieron en un principio que la responsabilidad de los muertos recae en los mismos migrantes, debido a que les prendieron fuego a colchonetas como forma de protesta ante un acelerado proceso de deportación. Sin embargo, no hubo un protocolo de evacuación que salvaguardara la vida de estos seres humanos, cuyo único delito había sido migrar de sus países de origen.
Por esta razón, el Gobierno del presidente Nayib Bukele condenó las acciones del personal del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez y exigió una investigación a las autoridades mexicanas para aplicarles la ley a los responsables que dejaron dentro de celdas a los migrantes sin la más mínima consideración y sin ninguna posibilidad de ponerse a salvo.
«Exigimos a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y que lleven a los responsables ante la justicia», reclamó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través de un comunicado, en el cual también recalcó la movilización del consulado salvadoreño en Ciudad Juárez para verificar el estado de los salvadoreños que estaban dentro a la hora del siniestro.
Así como El Salvador reclamó a México, otras naciones con ciudadanos afectados también lo hicieron. Hubo una ola de reclamos internos por las condiciones en las que se tenía recluidos a los migrantes, los cuales, conforme a un acuerdo entre el Gobierno mexicano y su par estadounidense, son retenidos antes de cruzar la frontera para que desde México hagan trámites si les interesa solicitar asilo.
Es más, Estados Unidos expulsó a un 86 % más de migrantes hacia Ciudad Juárez en febrero de este año que en el mismo mes del año pasado, cuando la administración de Joe Biden empezó a utilizar el Título 42 para deportar a ciudadanos de Venezuela a México.
México ordenó una investigación de sus funcionarios y ayer la Fiscalía de ese país identificó «inicialmente» a los posibles responsables del incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez: dos agentes federales, un agente estatal de Migración, un migrante y cinco miembros de una empresa privada de seguridad. A todos se les acusará de homicidio doloso.
