El Congreso de Guatemala aprobó ayer en la madrugada la ley de exención de responsabilidad y creación de mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra la COVID-19, con 121 votos a favor y cinco en contra. Además, hubo 34 ausencias, lo que completa el parlamento integrado por 160 curules.
Los congresistas acordaron rectificar la ley por medio de 10 enmiendas del proyecto inicial que presentó el Ejecutivo el 24 de junio. Con esta nueva normativa, los fabricantes de vacunas están exentos de la responsabilidad de efectos secundarios, uno de los requisitos que solicitaban las farmacéuticas Moderna y Pfizer.
Ahora Guatemala podrá recibir 1.5 millones de vacunas de Moderna por parte de Estados Unidos. El decreto también da acceso a una negociación para la compra directa de las dosis que el Ministerio de Salud requiere para la lenta campaña de vacunación que se ha desarrollado en los últimos meses, y luego de pasar por semanas rojas por la carencia de más inmunizantes.
La ansiada rectificación del Congreso se dio por medio de enmiendas que permitieron la creación del fondo de compensación económica vacuna COVID-19. El ente hará efectivas las compensaciones. En este marco, el Ministerio de Salud debe presentar un programa presupuestario.
Los parlamentarios definieron la aplicación de la compensación y cómo se ejecutará cuando esté dirigida a personas hospitalizadas, si sufren de una discapacidad o incapacidad o en caso de que mueran.
De acuerdo con el artículo 2, el Estado guatemalteco será el responsable de atender a las personas afectadas luego de recibir las dosis en los próximos 24 meses a partir de la vigencia del decreto.
Por otra parte, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una apelación para que la ministra de Salud, Amelia Flores, fuera destituida, pero no contó con los votos suficientes en la maratónica sesión del Congreso.
