Los desacuerdos entre oficialismo y oposición continúan este miércoles por la tarde en Guatemala y hacen imposible que el Estado pueda aprobar la tan necesaria ley de compensación para la compra de vacunas contra la COVID-19.
El Ejecutivo envió apenas la semana pasada la iniciativa de ley al Congreso, pero esta no comenzó a analizarse hasta ayer. 137 diputados votaron ayer a favor de la propuesta como de urgencia nacional, pero diferentes partidos propusieron enmiendas, lo que obligó a declarar la sesión extraordinaria como permanente. El debate debía retomarse este miércoles a las 12 del mediodía, pero una reunión en el Palacio de Cultura con el presidente Alejandro Giammattei lo retrasó hasta las 5 de la tarde.
Los diferentes jefes de bloques partidistas continúan debatiendo sobre la ley que el Estado tanto necesita para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación. Una donación de 1.5 millones de vacunas de Moderna de parte de Estados Unidos está en juego. Otra de las farmacéuticas que requieren que se les exima de responsabilidades, según la ministra de Salud, es Pfizer.
La ministra de Salud, Amelia Flores, ha dicho que esta y otras farmacéuticas solicitan una legislación que las libere de toda responsabilidad por posibles efectos secundarios, tanto leves como graves, incluso de la muerte del paciente que haya recibido una vacuna.
Dentro de la ley se define como personas protegidas por la legislación a todas las personas involucradas «en el desarrollo, manufactura y distribución de las vacunas». La persona afectada es «la persona individual a la que se le adminstró provocando una reacción adversa y que es atendida por la red hospitalaria nacional».
Los legisladores cuestionan que, además de a los fabricantes, la ley también exima de responsabilidades al Estado guatemalteco.
«Cuando uno empieza a ver las leyes de otros países que se han aprobado, van en el mismo sentido», opinó el diputado Cristian Rodolfo Álvarez, de CREO. La ministra de Salud demostró la semana pasada en una citación ante el Congreso su molestia ante comparaciones sobre la legislación de la que dispone El Salvador para poder adquirir vacunas contra la COVID-19.
El canciller Pedro Brolo viajó la semana pasada a Rusia por el retraso en las entregas de los 8 millones de vacunas que el Gobierno ha adquirido de Sputnik V. Brolo dijo que de ese viaje no pudo retornar con un cronograma claro de entrega.
La pasada semana la ministra Flores aceptó que el país carecía de la capacidad para continuar con las vacunaciones. Un cargamento de 150,000 dosis donadas por México permitió que las inoculaciones siguieran en marcha estos días, mientras se espera que se resuelva el entredicho con Rusia o que se apruebe la ley de compras de vacunas.
«Al oficialismo y a sus aliados en el Congreso nos les interesa la salud y la vida del pueblo. Ahora han convocado a sesión plenaria para las cinco de la tarde, cuando se había establecido que fuera a las 12», declaró la Bancada Winaq.
«Nosotros cuestionamos porque la población tiene ese derecho (de vacunarse), la gente se está muriendo por falta de vacunación», declaró un jefe de bloque.
Guatemala ya rebasó el umbral de las 9,000 muertes por la COVID-19, mientras vive un repunte de casos y se ha confirmado que la variante brasileña ya circula en el país.
El Congreso retomó las discusiones hasta este martes luego de haberse ido de fin de semana largo por asueto.