Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia «Roe v. Wade» de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.
En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.
«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade «debe ser anulado».
«Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», a los parlamentos locales, escribió.
Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que había sido filtrado a principios de mayo, provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.
Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes.
El 8 de junio incluso se detuvo a un hombre armado cerca del domicilio del magistrado Brett Kavanaugh y fue acusado de intento de asesinato.
