La primera comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa se ha dedicado a investigar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que por décadas han prosperado con fondos transferidos desde el Gobierno Central. Muchas de estas ONG han sido fundadas por políticos con el único propósito de mejorar los ingresos de sus partidos. Por ejemplo, el caso de Provida, creada por Violeta Menjívar, exdiputada del FMLN y exalcaldesa de San Salvador. ARENA hizo lo propio con otras asociaciones y fundaciones, como parte del acuerdo entre ambos partidos, que en público aparecían como adversarios, pero que en realidad eran aliados incuestionables y trabajaban juntos para extraer fondos del erario.
Uno de los mecanismos para desfalcar al Estado era la recepción de fondos públicos que luego se desviaban a cuentas de personajes que aparecían como heraldos de la transparencia y defensores de la justicia, pero que recibían directamente su sueldo de los fondos que provenían del Gobierno. De este modo podían encubrir los sobresueldos, algo que descaradamente había sucedido durante los gobiernos de ARENA y del FMLN, pero que cuando se señaló empezaron a buscar mecanismos para ocultarlo. Las ONG se convirtieron en parte del esquema de triangulación que incluso sirvió para transferir fondos a políticos que acompañaban en sus votaciones o directamente a estos personajes que la comunidad internacional considera «independientes» pero que reciben sus salarios —muy altos, por cierto— de donaciones y de transferencias de dinero del Estado.
Ahora que ARENA y el FMLN han perdido el poder, las ONG se habían convertido en su último reducto para el financiamiento partidario, de modo que arrancar de tajo este flujo de fondos es vital para evitar las deformaciones informativas que muchos de estos personeros hacen por encargo de sus patrocinadores.
Informes, estudios y «trabajos» de estas ONG no son críticas independientes, balanceadas o ancladas en la realidad, sino que tienen un interés particular y responden al patrocinio de sus financistas.
Sigue una tarea muy ardua: desmontar estas estructuras que por años han drenado los fondos del Estado. Es un paso necesario para corregir esta práctica perversa y para que enfrenten la justicia los que, beneficiándose con ella, privaron de recursos a hospitales y escuelas. No se trata de proscribir ninguna asociación o fundación, sino que hagan realidad su nombre de «no gubernamentales». O quizá por ello abjuran del concepto de «ONG» y prefieren ser nombradas de manera eufemística como «organizaciones de la sociedad civil» (OSC), cuando siguen siendo las mismas estructuras.
