El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, terminó de recibir la prueba en contra de 40 miembros de una red acusada de apropiarse de 23 inmuebles y de lavar $1 millón.
En la vista pública que duró casi tres meses la Fiscalía General de la República acusó por los delitos de lavado de dinero, cuatro homicidios, falsedades materiales, falsedades ideológicas, estafa agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático y acusación calumniosa.
Se trata de una banda integrada en su mayoría por miembros de la pandilla 18, policías, abogados, particulares y exempleados del Centro Nacional de Registros (CNR).
Los hechos que cometieron en San Salvador fueron investigados por fiscales de Hurto y Robo de Vehículos, la Unidad de Administración de Justicia, Unidad de patrimonio Privado y la Unidad de Investigación Financiera.
En el juicio el ministerio público expuso que los imputados se apropiaron de 23 inmuebles utilizando documentos falsos los legalizaron y después los vendieron, de esa manera estafaron a los compradores y dejaron sin los inmuebles a los propietarios dos empresas de renta de vehículos.
Cuando el caso comenzó en los juzgados en diciembre del año 2019, se acusó a 65 personas como parte de la red, pero durante las diversas audiencias fueron separadas del proceso por varias causas. Las pesquisas en contra de la banda iniciaron en el año 2017, y después de dos años de una amplia investigación detectaron que había cometido 59 casos, las falsedades sobresalieron en las indagaciones.
