Para el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático (CD), Aldo Álvarez, los mismos exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hubieran declarado inconstitucional cualquier comisión que la nueva Asamblea Legislativa hubiera conformado para proceder con la destitución de los mismos magistrados y del exfiscal general de la República, Raúl Melara, siendo «jueces y parte» de cualquier proceso.
Durante una entrevista en el programa «Criterios», Álvarez señaló que la nueva Asamblea Legislativa operó dentro de lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República. Además, recordó que los mismos magistrados, una vez se hubo aprobado su destitución, emitieron una sentencia declarando inconstitucional dicha aprobación del Órgano Legislativo, demostrando que buscaban ser juez y parte en un proceso en su contra.
«No hubo un rompimiento del orden constitucional. Eso no es cierto. Tampoco hubo un golpe de Estado. La posibilidad que establece el 186 de que haya una destitución es que si esta en la Constitución es una posibilidad que existe. Si no existen 56 votos (del Legislativo), entonces no se puede hacer. El debido proceso está relacionado cuando estamos hablando de la materialización del desarrollo o la aplicación de una ley que establece parámetros para ello y desarrolla cualquier principio constitucional», dijo Álvarez.
«La propia Constitución dice que podrán ser destituidos por causas legales. Dicen algunos que, como no se hizo una ley, entonces es inconstitucional. Eso quiere decir que un magistrado puede hacer cualquier aberración y no va a poder hacer destituido. Otros, interesadamente, dicen que ha habido una inconstitucional porque, cuando se destituye a los anteriores, no se siguió el proceso de elección que señala la Constitución, pero aquí nadie ha elegido. Lo que ha habido es una sustitución. Los sustitutos están elegidos para terminar la gestión contemplada en la ley», agregó.
Por su parte, el analista político Ronald Umaña señaló que lo acontecido el 1 de mayo durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa no se manejó con el debido proceso de destitución de magistrados. «No se respetó el debido proceso para destituir a los magistrados, no se respetó lo que establece la Constitución. Debió conformarse una comisión y establecer un proceso con derecho de defensa para los magistrados», dijo Umaña.
Ante estas declaraciones, Álvarez enfatizó categóricamente que, «de haber formado una comisión para destituirlos, los magistrados hubieran declarado inconstitucional dicha comisión para disolverla. Incluso, horas después de la destitución, un magistrado declaró inconstitucional su propia destitución siendo juez y parte».
Álvarez señaló también que los exmagistrados fueron parte de decisiones que no respetaban el orden constitucional o que respondían a intereses de grupos de poder, como el cierre de Cambio Democrático para las elecciones presidenciales de 2019, cuando se conoció que el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, había inscrito su candidatura con ese partido político.
De igual forma, hizo énfasis en los constantes bloqueos que la Sala hizo al trabajo del Órgano Ejecutivo durante el episodio más agresivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en El Salvador, donde los magistrados, aseguró, bloquearon sistemáticamente las acciones que el Ejecutivo realizaba en beneficio de los salvadoreños.
En cuanto a la visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Álvarez dijo que Estados Unidos, así como también la Comunidad Internacional, debe mantener el respeto a la independencia y autonomía de El Salvador en la toma de decisiones. Además, señaló que el diálogo sigue siendo la base de la relación entre El Salvador y Estados Unidos.
«Las relaciones bilaterales son de respeto mutuo. El Salvador nunca le ha dicho a Estados Unidos: “No vamos a tener las mejores relaciones con ustedes”. El Salvador no pude darle la espalda al mundo. El Salvador ha sido claro que busca mantener buenas relaciones con Estados Unidos pero, también, mantener su autonomía en sus decisiones», dijo Álvarez.
