Voceros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de ARENA salieron el mismo día a defender la práctica de los sobresueldos tanto de los gobiernos del FMLN como de los de ARENA.
Leonor Selva, la directora ejecutiva de la ANEP, aseguró que las capturas de los exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero por participar en el desfalco de $351 millones en el Gobierno de Mauricio Funes eran una «persecución política». Poco o nada importa que se trate de fondos públicos extraídos en efectivo y entregados de manera ilegal como sobresueldos, puesto que ni siquiera estaba contemplado que pagaran el impuesto sobre la renta. Los beneficiados, además, recibían instrucciones expresas de no ingresar los fondos al sistema bancario para no llamar la atención. Sin embargo, a pesar de hacer todo debajo de la mesa, el expresidente Alfredo Cristiani mantuvo durante su comparecencia ante la comisión especial que siempre fueron gastos «lícitos». Así justifica la práctica durante su administración, una modalidad corrupta que luego heredaron los siguientes gobiernos de ARENA y que, sin ningún empacho, retomaron las dos administraciones del FMLN.
Francisco Bertrand Galindo, otro funcionario del Gobierno de ARENA —que se desempeñó como ministro de Seguridad en el período de Antonio Saca—, también justificó los sobresueldos como «legales». Es curioso que antes había un frente común que negaba la existencia de los sobresueldos, pero, al ser reconocidos por dos expresidentes de ARENA, ahora el frente común es en defensa de su legalidad. Los promocionan como una «necesidad» para darles estabilidad a los funcionarios. La ley de salarios establece los montos que los ministros, viceministros y presidentes de autónomas perciben por su trabajo.
Sin embargo, para los estándares de los gobiernos de ARENA, que luego fueron heredados por los del FMLN, los montos eran muy pequeños, por lo que no tuvieron problema ético alguno para violar la ley y asignarles «complementos salariales» o «sobresueldos» para atraer «talento» a la función pública.
La práctica mostró que los ministerios estaban llenos de cuadros políticos de personas que llegaban al puesto en función de sus conexiones con el partido y su disposición de «sudar la camiseta». Al frente de las instituciones estaban personas ávidas de saquear al Estado, por lo que el salario nominal y legal era un obstáculo.
¿Es esto lo que defienden en conjunto ARENA, el FMLN, la ANEP y una horda de columnistas a sueldo?
