El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que en atención al mandato del presidente Nayib Bukele de velar por la economía de las familias salvadoreñas se han realizado más de 1,000 inspecciones en locales de venta de alimentos.
Estas acciones han dado como resultado el hallazgo de irregularidades en la comercialización de harinas y lácteos, y la Defensoría ha iniciado el proceso sancionatorio correspondiente.
«[El proceso sancionatorio] Está en camino de desarrollarse y en función de eso, una vez tengamos los casos debidamente sustentados serán presentados ante el Tribunal Sancionador», explicó el funcionario.
En este sentido, recordó que en estos casos las sanciones contra los infractores pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos, ya que se considera una infracción muy grave de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor.
Salazar recordó que la LPC establece la tipificación de una práctica abusiva cuando se utiliza una maniobra o artificio que puede provocar un incremento injustificado en alimentos, insumos y servicios de primera necesidad.
MEDIDAS INTEGRALES
En materia de alimentos, el Gobierno impulsa medidas integrales enfocadas a controlar los precios de cara a la inflación y evitar la escasez de los productos de primera necesidad.
Así, las autoridades accionaron un mecanismo para eliminar el cobro de aranceles a 20 productos alimenticios durante un año. También quedaron exentos del cobro arancelario algunos insumos agrícolas, medida con la que se pretende incentivar la producción nacional, indicaron las autoridades.
Lo anterior aunado a la verificación de precio establecido y llenado correcto de los cilindros de gas, otro elemento fundamental que impacta en la economía de las familias.
Las autoridades dijeron que las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las medidas anticrisis en servicios y productos esenciales se seguirán ejecutando en los próximos días.