La Policía Nacional Civil reportó la detención de seis personas durante la jornada de votación por haber cometido delitos electorales. El caso más llamativo fue el de un vigilante del partido ARENA al que detuvieron en Bolívar, La Unión. La tardanza que caracterizó el inicio de las elecciones podría ser considerada una obstrucción al libre ejercicio del voto. No se trata de una interpretación vacía o a la ligera, porque todos fuimos testigos de que no se trató de un hecho aislado, sino de una situación generalizada.
La implementación de tecnología en las mesas de votación implicó llevar a auditores que ralentizaron el proceso, pues tenían que hacer manualmente el registro de todos los equipos que se iban a utilizar. Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, asegura que esa tardanza llegaba a ser de entre 20 y 30 minutos, lo que explica en parte la demora, pero también obliga a preguntarse por qué el TSE no lo previó.
Sin embargo, después vino una maniobra muy evidente para hacer más lenta la jornada, con lo que se pretendía que los ciudadanos desistieran de emitir el voto. Hay casos documentados de mujeres embarazadas que no pudieron votar debido a que lo intentaron varias veces, pero la espera les generó complicaciones. Lo mismo pasó con quienes padecen de enfermedades y con los adultos mayores.
Esta estrategia de «tortuguismo» afectó en alguna medida el voto ciudadano. No obstante, dicho sea de paso, los comicios del 28F tuvieron una participación de más del 50 % del padrón electoral, lo cual es interesante porque estamos hablando de un listado de votantes que no necesariamente ha sido depurado a conciencia. En otras palabras, el padrón está inflado, y ese porcentaje de 51 % de participación del domingo bien podría subir varios puntos e incluso superar el 60 % de la población que votó.
La participación fue masiva a pesar del esfuerzo sistemático de los delegados de ARENA y del FMLN para entorpecer el ejercicio del voto. La Fiscalía General de la República debería pronunciarse sobre esta obstrucción al ejercicio del sufragio, llevar a cabo los análisis pertinentes y presentar cargos para sentar un precedente. La voluntad del pueblo debe respetarse hasta las últimas consecuencias. Aquí no vale el argumento de que el sistema no permite la acumulación de más de dos terceras partes de los diputados en un solo partido: esa ha sido la voluntad popular.
