El 20 de junio de 2010, un microbús de la ruta 47 fue incendiado por pandilleros en la colonia Jardín, de Mejicanos. Diecisiete salvadoreños murieron calcinados y 15 resultaron lesionados.
El 3 de marzo de 2016, 11 trabajadores de una empresa eléctrica y un agricultor fueron masacrados con machetes, escopetas y fusiles en el caserío La Flor, del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, a manos de criminales de la 18, quienes sin pudor alguno difundieron el video del macabro suceso. Masacres contra el pueblo.
En la madrugada del 2 de junio de 2009, un dirigente político supuestamente se suicidó en un hecho que dejó muchas interrogantes. El 26 de abril de 2018, en el parqueo de la sede departamental de un partido político, uno de sus dirigentes fue asesinado. Crímenes políticos.
Estos son solo algunos hechos, de muchos, acaecidos durante la «democracia» establecida entre ARENA y el FMLN desde el 16 de enero de 1992, cuando firmaron el pacto que los protegió de todas sus fechorías en 12 años de guerra civil en la que a más de 85,000 salvadoreños les fue arrebatada la vida.
Es en esa «democracia» que, por 20 años, también los gobiernos tricolores y rojos vendieron por votos electorales el luto y el dolor de toda una nación, causando más de 110,000 asesinados y miles de desaparecidos. Ha sido la democracia del gatillo de dos ideologías que terminaron emparentadas y disfrutando a manos llenas del dinero del pueblo.
Nadie discute que la democracia es fundamental, pero aquella democracia que le otorga libertad, seguridad, tranquilidad y oportunidades de desarrollo a todas las familias. Para eso, indiscutiblemente, hay que crear las condiciones y colocar los fundamentos para que se pueda ejercer.
El presidente Nayib Bukele lo supo siempre. Sabía que había que desmontar el sistema corrupto, estrangulador y asesino impuesto desde 1992 por el poder fáctico y sus institutos políticos vasallos. Son esos fragmentos explosivos de ese poder los que continúan dirigiendo y apadrinando cantidad de ONG activistas y periodistas con ropajes «exclusivos» de puritanos y defensores de los derechos de unos pocos. Claro, los buenos somos más en el país.
Vimos la actividad proselitista de varias de esas ONG durante una audiencia organizada por su aliado CIDH, en la que la canción tenía un solo bemol. ¿Qué buscan? Como lo he dicho en columnas anteriores, la liberación de todos los criminales mareros y pandilleros. ¿Para qué? Para que desestabilicen el Gobierno decidido por el voto masivo del pueblo y que la «democracia gatillera del poder fáctico» vuelva a establecerse en El Salvador.
Para estas ONG activistas, los derechos de los criminales están por encima de los derechos de más de 6 millones de salvadoreños honestos, honrados y trabajadores. Para ellos, no es importante que los estudiantes asistan a clases sin el acoso de las pandillas, ni que el comercio ya no pague miles de dólares por extorsión, ni que motoristas y cobradores del transporte público no sean asesinados. No. Lo que quieren es hacer caer al único presidente que trabaja y lucha por su pueblo, que es amado por su pueblo.
Son tan audaces para estructurar informes con datos más falsos que la suegra de Adán, venderlos como «la verdad del régimen de excepción» y decir que los buenos salvadoreños tenemos restringidos los derechos. Se presentan como «estandartes de la democracia, la transparencia y la defensa de los derechos», cuando los salvadoreños sabemos qué los mueve en realidad. Son verdugos de una verdadera democracia y promotores de una democracia falsa y corrupta, pero de total interés para sus propósitos.
Les penetra hasta los tuétanos que Nayib está sentando las bases de una verdadera democracia, de esa que no se ve ni en naciones desarrolladas en las que se atenta contra la vida de estudiantes en universidades y colegios, políticos y empresarios, tal como sucedió durante la guerra civil y el dominio de las maras y pandillas en nuestra nación en desarrollo, como lo ejemplifiqué al inicio de esta columna.
De lo que estoy seguro es que la mayoría de los salvadoreños no permitiremos que unos pocos nos hagan regresar a ese estado asesino, por más que las ONG luchen por imponernos la «democracia del gatillo».
