La ampliación del uso de la expulsión acelerada en la frontera entre México y Estados Unidos acentuado gracias al elevado estándar de la entrevista de «miedo creíble» -dirigida por un oficial migratorio- para otorgar asilo a los migrantes, es una grave deficiencia en el sistema de deportación estadounidense que señala la organización internacional de derechos humanos Human Rights First en su más reciente informe.
El documento indica que la administración del presidente Joe Biden y el Congreso deben evitar el abuso de las expulsiones aceleradas que actualmente violan las obligaciones legales y tratados de Estados Unidos con los refugiados. La organización pide buscar alternativas a la deportación cuando se discute la eliminación del Título 42, que restringe la petición de asilo con el argumento de frenar la propagación del SARS-CoV-2 en Estados Unidos, aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han mencionado que la COVID-19 está bajó control.
Además, la organización de derechos humanos denuncia que las entrevistas de «miedo creíble» se realizan mientras los migrantes se encuentran detenidos, en condiciones de «confinamiento horrendas», sometiéndolos a interrogatorios sin una interpretación adecuada «de manera hostil, interrumpiendo sus respuestas e indicando a los intérpretes–si hay- que contesten con un sí o no», y con la privación de una representación legal. Este proceso está a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés).
«USCIS no permite una interpretación correcta durante las entrevistas de miedo y la falta de cumplimiento con la guía de acceso al idioma impacta desproporcionadamente a los solicitantes de asilo de África y los pueblos indígenas, lo que repercute en acciones negativas de miedo y detención prolongada», acusa Human Rights First.
Los solicitantes de asilo también son obligados presentarse a las entrevistas aún cuando experimentan problemas físicos y de salud mental, como lesiones por agresión durante la detención y traumas graves por la persecución al emprender su viaje y mantenerse detenidos, en espera de ser deportados o con la esperanza de ingresar de manera legal en Estados Unidos.
«A muchos solicitantes de asilo se les niega una audiencia y pasan de una vez a la deportación después de llevar a cabo las defectuosas entrevistas de temor creíble», asegura la institución sin fines de lucro en la investigación que realizó entre agosto de 2021 y julio de 2022, con 49 entrevistas a solicitantes de asilo e información de abogados y defensores legales sobre 307 casos adicionales.
Los registros de Ley de Libertad de Información (FOIA, siglas en inglés) recibidos por Human Rights First revelaron que a principios del año fiscal 2021, las tasas de determinación de «miedo creíble» positivo , es decir, los migrantes a quienes les otorgaron el asilo, se redujo al 36.5% en el caso de los haitianos, casi la mitad de la tasa promedio para todos los demás solicitantes.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) bajo la administración de Joe Biden ha apuntado a la expulsión masiva, la detención y la deportación de haitianos, asegura la entidad. «El DHS afirmó absurdamente que los individuos podrían ser devueltos de forma segura a Haití», asevera.
Por otra parte, en el primer trimestre del año fiscal 2022, solo el 43 % de los centroamericanos que se sometieron a exámenes de «miedo creíble» recibieron una determinación positiva, casi un 46 % menos que el promedio (79.5%) para estos países entre los años fiscales de 2016 al 2019.
