Cuando Carmen dice que sin el régimen de excepción ya estuviera muerta, es porque como promotora de salud comunitaria se arriesgó a diario en territorios controlados por pandillas en Panchimalco, al sur de San Salvador.
De esa etapa oscura, recuerda el día que fue a vacunar a un niño y quedó en medio de una lluvia de balas, dirigidas a un pandillero de la zona. Aún se estremece por las llamadas telefónicas en las que le exigían hasta $300 de extorsión por entrar con su termo, básculas, termómetros y material de primeros auxilios a su área de trabajo para atender niños o mujeres embarazadas.
El Salvador cuenta actualmente con una planilla de 3,000 promotores que tienen por misión llevar la salud a los lugares más recónditos, explica David López, coordinador de la Unidad de Atención Comunitaria del Ministerio de Salud. En el pasado, muchos fueron amenazados o agredidos en la misión de tomar tallas, vacunar, pesar, curar o brindar charlas educativas sobre prevención de enfermedades.
La delincuencia también irrespetó la vida de quienes trabajan para salvarlas. En 2014, el promotor de salud Gilberto Cruz Ramírez, conocido como el Chele Beto, fue asesinado en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, aun portando su uniforme de trabajo; y en 2020 el promotor Marvin Monterrosa López fue ultimado en Teotepeque, La Libertad.
La situación fue tan dramática que en promedio entre 200 y 300 promotores de salud renunciaban al año y decidían trabajar en otra cosa o emigrar a Estados Unidos, afirma López.
«Muchos promotores fueron secuestrados por ir a curar a ciertas personas», agregó el funcionario.
TRABAJO CON ZOZOBRA
Carmen empezó su trabajo de promotora en 1992 y vivió en carne propia los años más difíciles de las pandillas. Caminaba por vere das y alambrados en áreas boscosas alejadas de los cascos urbanos. Más de alguna vez la llegaron a despertar de noche para obligarla a ir a curar a algún delincuente herido.
Su fe le dio fortaleza. «Siempre decía: “Señor, protégeme”, cuando salía de mi casa», recuerda. Ella fue advertida de no cruzar más allá de las líneas del área de trabajo a dominios de una pandilla contraria. Aunque inicialmente respetaban su noble labor, al final la extorsionaron, como a mucha gente de la comunidad.
«Me llamaban y me decían: “Sabemos que ustedes ganan, si quiere entrar, tiene que pagar $300, si no, la matamos a usted o a sus hijos»». Frente al amor por su trabajo, se vio obligada a «colaborar» con $150 cada dos meses durante algunos años.
La vida dio un giro con el régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022. «Desde que inició el régimen, se comenzó a respirar más tranquilidad. Si no hubiera sido el régimen, ya no estuviéramos», reflexiona.
CON AUDICIÓN LIMITADA
Por varios años, Carlos trabajó como promotor en la unidad de salud del barrio Lourdes, en San Salvador, y visitaba áreas de alta incidencia pandilleril. «Un día en 2024 iba a atender una mujer embarazada cerca del río Acelhuate, cuando un pandillero que perseguía a un contrario descargó su arma cerca de mis orejas», recuerdo. Como secuela perdió parcialmente la audición.
Los peligros eran altos y diarios. Un día que vacunaba perros, de repente se vio envuelto en un fuego cruzado con armas largas, que lo obligó a pedir refugio de emergencia en una vivienda.
El equipo de salud comunitario al que pertenecía Carlos fue amenazado por pandilleros y los obligaron a salir de la zona. Así que lo trasladaron a Santiago Texacuangos, en San Salvador Sur, donde el clima de inseguridad tampoco era el mejor. También fue interceptado por pandilleros que lo interrogaron. «Les dije que hacíamos el trabajo de salud y ellos me dijeron que, si andaba con el uniforme, no había problema, pero si no lo andaba, no iban a responder», comenta.
Con el régimen de excepción, ase gura que hay más tranquilidad para trabajar. «Está más tranquilo, porque no hay pandillas. Estamos más libres», expresa.
