Una semana después de las elecciones del 28F, la alcaldía de San Salvador tenía preparada una desagradable sorpresa para sus ciudadanos. Ernesto Muyshondt y parte de su concejo aprobaron una ordenanza para aumentar las tasas que los capitalinos deben pagar por videovigilancia. Sabía muy bien el impacto negativo que el aumento iba a provocar entre los ciudadanos, por lo que decidió mantenerlo en secreto. Fueron concejales indignados por la acción del alcalde saliente quienes lo hicieron público semanas antes de las elecciones.
Se trata de un contrato oscuro que busca garantizar las ganancias a una empresa extranjera y que amarra por tres lustros a la municipalidad. Ha sido hecho de tal forma que ata a las nuevas autoridades a condiciones muy dañinas para los intereses de la municipalidad. La nueva tasa de videovigilancia se aplica desde ayer a residentes, empresas y negocios instalados en San Salvador.
Esta no es la única alcaldía de ARENA que ha ejecutado acciones en contra de la ciudadanía en las últimas semanas. Otras incluso han «castigado» a los ciudadanos por no haber votado para reelegir a sus candidatos. Tal es el caso de Apopa, donde hay colonias que llevan una semana sin el servicio de recolección de basura. Asimismo, hay indicios de desvío de fondos de algunos jefes municipales para llevar a cabo obras personales a propiedades suyas o de su familia.
También hay una increíble cantidad de denuncias sobre la destrucción de documentos que pueden involucrar o desenmascarar actos de corrupción en las alcaldías. Mario Durán, el alcalde electo de San Salvador, hizo un llamado a los trabajadores de la municipalidad para que no colaboren con las autoridades que buscan ocultar los malos manejos y la documentación que prueba todo tipo de irregularidades. Desde antes de las elecciones, cuando sabían que iban a ser derrotados por Nuevas Ideas, muchos alcaldes se dedicaron a financiar sus campañas con fondos públicos, por lo que hay una gran cantidad de proveedores —pequeñas y medianas empresas— seriamente afectados debido a la falta de pago de las municipalidades que, si bien tenían ingresos suficientes para hacer frente a sus compromisos, prefirieron dedicarlos a las actividades relacionadas con la promoción de los candidatos.
Así vimos, por ejemplo, que el alcalde de San Salvador gastó $300,000 en una bandera que estuvo intermitentemente expuesta en el redondel Masferrer, sin que ello representara un beneficio directo para los ciudadanos, mismos que, a estas alturas, recibirán el golpe financiero de tener que cubrir las nuevas tasas.
».
