La comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa dictaminó ayer favorable la iniciativa del Ejecutivo para la creación de una nueva ley contra el lavado de dinero y activos que incluirá otras conductas delictivas y que permitirá al Estado tener políticas más robustas y herramientas legales para investigar este tipo de hechos.
«Se ampliarán los delitos correspondientes al lavado de activos de tal forma que cualquier actividad que genere beneficios económicos a los criminales entrará en esa categoría. Las autoridades competentes tendrán más herramientas jurídicas para la investigación del delito [y] se establecerán facultades de cooperación internacional», dijo el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, ante la comisión legislativa.
Con la nueva normativa —que posiblemente será votada en la primera sesión plenaria del próximo año— también se ampliarán las facultades de las entidades de supervisión para incrementar el control del lavado de dinero y activos.
«Se establecerán reglas claras que obligarán a las instituciones financieras a fundamentar sus decisiones con base en una evaluación de riesgo [y] a hacer auditorías y análisis antes de emitir un reporte de operación sospechosa», indicó el fiscal general.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, también acudió a la comisión legislativa y se mostró a favor de la propuesta de ley del Ejecutivo. «No se contaba con un instrumento adecuado para combatir el lavado de dinero. Lo que proponemos responde a las normativas internacionales, ya que buscamos acabar con la exclusión financiera», planteó Villatoro.
La comisión también dictaminó favorable un pliego de reformas de la ley especial contra actos de terrorismo, para adaptarse a las resoluciones dictadas por Naciones Unidas sobre procesos legales y designación de personas o empresas relacionas con actividades terroristas a escala nacional e internacional.
También aprobó enmiendas del Código Procesal Penal relacionas con los procesos seguidos en materia de extradición y el rol que en ella juega la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
OTROS DICTÁMENES
La comisión de hacienda, por su parte, dictaminó favorable para que el Estado adquiera dos créditos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El primero, por $150 millones, será utilizado para el mejoramiento de la red vial nacional, y el segundo, también por $150 millones, para mejorar el acceso a las oportunidades de empleo y el apoyo a los emprendedores.
Por su parte, la comisión de relaciones exteriores emitió cuatro dictámenes relacionados con mejorar los servicios de salud y la tecnología.
Uno de ellos es para ratificar la adhesión de El Salvador al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que fue aprobado el 1.º de julio de 1959. Por medio del instrumento se aportará al país en la diversificación de la matriz energética mediante fuentes renovables que generen energía limpia y amigable con el medioambiente.
Otro de los dictámenes favorables fue para el establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas, que busca contribuir a los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer las capacidades nacionales de innovación y tecnología aplicadas al desarrollo de vacunas.
