Estados Unidos anunció este lunes sanciones económicas contra el suegro del derrocado presidente sirio Bashar al Asad, un día después de que éste huyera presuntamente a Rusia cuando los rebeldes tomaron la capital, Damasco.
Su salida abrupta puso fin a cinco décadas de dominio del clan Asad que gobernó con puño de hierro un país devastado por una de las guerras más letales del siglo.
Asad supervisó la represión del movimiento prodemocracia que estalló en 2011 y desencadenó una guerra civil en la que murieron 500,000 personas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, ha puesto en el punto de mira a Fawaz al Akhras «por ayudar materialmente, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico (…) a Bashar al Asad».
El padre de la exprimera dama siria Asma al Asad «prestó apoyo» en «temas financieros, la evasión de sanciones y los intentos de Bashar al Asad de lograr un compromiso político internacional», prosiguió la OFAC.
Fawaz al Akhras nació en la ciudad siria de Homs en septiembre de 1946 y tiene doble nacionalidad, siria y británica, según la lista de personas sancionadas del Tesoro.
Se formó como cardiólogo y ejerció la medicina en Londres, donde nació su hija Asma. Ya fue sancionado por Estados Unidos en 2020 junto con Asma, su esposa Sahar y otros familiares.
Las sanciones implican la congelación de activos en Estados Unidos y prohíben a las empresas con sede en este país o a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con las personas sancionadas.
La OFAC también ha impuesto sanciones económicas al Comité Nacional Hutí para Asuntos de los Prisioneros que «gestiona las prisiones hutíes en Yemen» y a su jefe, Abdulqader Al Murtadhad.
Según la ONU, «en una de las prisiones, conocida como Exchange House, en Saná, los presos son sometidos sistemáticamente a tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal penitenciario», afirma el Tesoro.
Entre los detenidos se encuentran «antiguos miembros del personal de la embajada local de Estados Unidos, personal de la ONU, trabajadores humanitarios y periodistas», muchos de ellos «detenidos arbitrariamente» y algunos «menores de edad».
