Desde hace más un año, la alianza opositora FMLN-ARENA-PDC mantiene un sistemático bloqueo al Plan Control Territorial, impidiendo la aprobación de $200 millones otorgados por el BCIE para ejecutar las fases 2 y 3 del plan.
Desde noviembre del año pasado, la comisión de hacienda mantiene en el «congelador» la petición del Ministerio de Hacienda de aprobar un préstamo del BCIE por $91 millones para inversión social en algunos municipios y otro por $109 millones destinado a la modernización e innovación tecnológica, así como al equipamiento de la Policía Nacional Civil.
Doce meses no han sido suficientes para que 56 diputados logren un consenso para fortalecer la seguridad destinada a los ciudadanos y proteger el bien jurídico más importante: la vida.
Pese a la falta de financiamiento, el país registrará en 2020 una reducción histórica en la cifra de homicidios desde la guerra civil. La proyección permite inferir que el año concluirá con una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El presidente Nayib Bukele recibió el Gabinete de Seguridad con una tasa de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes. Veníamos de meses donde era normal registrar entre nueve y 12 homicidios por día. El Plan Control Territorial logró en solo siete meses una reducción a 36 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El Plan Control Territorial ha logrado también una disminución sustancial en las denuncias de personas desaparecidas, extorsiones, hurtos, robos, secuestros y feminicidios. La Fiscalía General de la República y Medicina Legal, integrantes de la Mesa Tripartita, comparten las estadísticas.
El Plan Control Territorial es la política más exitosa del actual gobierno. Sus detractores son los creadores intelectuales de la fallida tregua con pandillas y quienes recibían miles de dólares en cooperación por legitimar públicamente el acuerdo con criminales. Ignorar los resultados positivos del plan tendrá un alto costo político que enfrentará la oposición en las urnas en febrero.
Las políticas y los planes fallidos en materia de seguridad desde el gobierno de Francisco Flores, con el Plan Mano Dura, y el de Antonio Saca, con el Super Mano Dura, prosiguió con la tregua de Mauricio Funes y la parálisis evidente del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ha enfrentado pacientemente las maniobras de ARENA y del FMLN en la Asamblea por conocer de forma detallada el plan. El interés urge en un año en el que algunos de sus exministros fueron llevados a la justicia por financiar las pandillas a cambio de apoyo político-electoral.
Mientras bloquean los fondos, los diputados decidieron apresurar por mantener el fuero del diputado Norman Quijano, acusado por la Fiscalía de ofrecer financiamiento a las pandillas cuando fue candidato a la presidencia.
El financiamiento del plan deberá esperar mientras los diputados se dedican a la campaña por su reelección. Ahora es más importante mantener sus privilegios que la vida de miles de salvadoreños.
