El Congreso de Guatemala aprobó la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras. La normativa califica como terroristas a los pandilleros de la MS-13 y el Barrio 18, permite la construcción de una cárcel de máxima seguridad y endurece las penas de los delitos de extorsión, usura y reclutamiento a menores.
«Para nadie es un secreto que las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares. [Por ello] este Congreso ha dicho basta ya», afirmó su presidente, Nery Ramos, tras la aprobación de la ley con 145 votos a favor.
De acuerdo con el diputado, más del 90 % de las extorsiones es gestionado por las estructuras criminales en el país, así como el 70 % de los delitos contra la vida.
La ley endurece las penas a los integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) y los reconoce como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
Además, sanciona con penas de 14 y 18 años de prisión y multas a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en actividades delictivas. Eleva hasta 18 años de cárcel el delito de extorsión, previamente la pena era de seis años.
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De acuerdo con Ramos, tampoco habrá medidas sustitutivas para los pandilleros. «Se acabó esa vida», dijo.
El funcionario comentó que antes era más fácil la liberación de los criminales, aun cuando la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (Fiscalía) contaban con evidencia de que eran integrantes del crimen organizado.
Los delincuentes ya no se podrán acoger al proceso de aceptación de cargos. «Si el Ministerio Público o la Policía los señala y reúne los medios de investigación útiles que los vincula con estas estructuras de crimen organizado, no tendrán otra salida más que la cárcel», explicó Ramos.
Las autoridades eliminaron el arresto domiciliar y la fianza, «debido a su alta peligrosidad». El Congreso también avaló elevar las penas por usura de cuatro a 10 años de cárcel con hasta 500,000 quetzales de multa. Si el acusado es extranjero será deportado de inmediato.
En cuanto a la construcción de la cárcel de máxima seguridad, el Ejército de Guatemala, responsable de la ejecución de esta obra, informó que ya se encuentra en el proceso administrativo para iniciar la edificación la cual durará 12 meses.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró la decisión. «Aplaudo la aprobación de la ley antipandillas por el Congreso. Esta ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada. No nos detenemos. Seguimos avanzando por una Guatemala más segura», compartió el mandatario.
