MIAMI, EE. UU. – Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), casi 900.000 personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua se han visto forzadas a abandonar sus hogares y establecerse en otros países a causa de la inestabilidad económica y la inseguridad que hay en Centroamérica.
Organismos como la ONU han puesto de manifiesto esta problemática, que se ha acentuado en los últimos cinco años, de acuerdo a un informe publicado por el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), un think tank con base en Washington DC que suele abordar este tipo de temas en la región.
“Cientos de miles de personas huyen cada año de la extrema violencia y la pobreza, impulsadas por la desigualdad social, la inestabilidad política y la expansión del crimen organizado transnacional, lo que resulta en asesinatos relacionados con pandillas, secuestros, extorsión y violencia sexual”, apunta el texto del CSIS consultado por la Voz de América.
Los organismos internacionales tienen muchas expectativas en el nuevo gobierno de Joe Biden, que ha mostrado su predisposición a buscar una solución. Por el momento, la Casa Blanca se ha comprometido a destinar 4.000 millones de dólares para gestionar la crisis y las solicitudes de asilo directamente en esos países. ¿Con qué objetivo?
“Evitar que las personas hagan una travesía peligrosa hasta llegar a la frontera con Estados Unidos”, según explicó el senador demócrata Bob Menéndez, que ha encabezado la redacción de la propuesta de reforma migratoria que próximamente deberá debatirse en ambas cámaras del gobierno de Estados Unidos.
Desesperación migrante en Centroamérica
Pero algunos expertos alertan de las consecuencias irreparables si no se toma a tiempo el tema migratorio. ¿Por qué? La razón es fácil de entender: muchos inmigrantes “están varados en países sin trabajo y la desesperación por mudarse crece con cada semana que pasa”. Es lo que dice Erol Yayboke, subdirector y uno de los principales miembros del Proyecto de Prosperidad y Desarrollo (PPD) que ha impulsado el CSIS.
Precisamente la institución organizó este miércoles un evento para analizar los retos y las oportunidades que debe tener en cuenta la nueva administración estadounidense a la hora de abordar la cuestión migratoria centroamericana.
“Si las personas que se ven obligadas a abandonar sus países y no tienen formas regulares y ordenadas de moverse, la evidencia muestra que algunas lo harán por vías irregulares”, apuntaba Yayboke, uno de los participantes de esta sesión especial vía telemática.
En su opinión, los migrantes no son los culpables de la inseguridad en algunas partes de la región sino que son las bandas organizadas que ven en estas personas “desesperadas” el blanco perfecto para captarlas en sus pandillas.
Ese fenómeno no es algo nuevo, pero Yayboke advierte que se ha acentuado aún más con la crisis del coronavirus y la necesidad de muchos migrantes de salir para buscar una vida mejor.
“En esos caminos sombríos se agudiza la preocupación por la seguridad, no por la amenaza de los migrantes, sino por el fortalecimiento de los operadores cada vez más sofisticados que los mueven: narcotraficantes, armas, traficantes de personas, cárteles, contrabandistas y otras redes delictivas organizadas”, agregó al respecto.
La trata de personas, un negocio de oro
Según datos de la ONU, la trata de personas es un negocio muy rentable para las organizaciones criminales ya que se estima que se mueven alrededor de 6.750 millones de dólares al año. “Incluso si no han estado históricamente involucrados en el tráfico de migrantes, estos grupos ilícitos están viendo cada vez más una mayor rentabilidad por un menor riesgo.
Hace unos días el Consejo de las Américas también ratificó esa idea: “La crisis del coronavirus está provocando un fortalecimiento del crimen organizado”.
“Han podido prosperar porque hay más estudiantes en las calles y pueden agarrar miembros mucho más baratos, también hay lugares que ahora están vacíos y no están vigilados por la policía y los mercados de operación son mucho más grandes”, comentaba Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y actual director interino del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Ante eso, analistas y expertos en la materia subrayan que el coronavirus puede ser una buena oportunidad para repensar la estrategia migratoria que “incentive a las personas a utilizar vías regulares para desplazarse y, al mismo tiempo, fomentar la resiliencia de los migrantes y posibles migrantes, permitiéndoles mantener a sus familias”.
“Soluciones innovadoras”
Eso es algo que ya se recoge en algunas iniciativas como la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para las Migraciones, que pretende ser una base legal para impulsar marcos normativos sobre políticas migratorias en los países.
“La atención debe centrarse en soluciones regionales innovadoras para los problemas urgentes de migración y desplazamiento, mientras se abordan también los problemas sistémicos subyacentes”, indicaba Yayboke.
A su juicio, las políticas de la Administración Biden poniendo fin al Programa de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), una medida del expresidente Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se resolvía su caso, o buscar una solución a la separación de familias en la frontera son algunos de los puntos con los que se han querido desmarcar del anterior gobierno.
“Proteger a las personas vulnerables, incluidos muchos migrantes, nos permite garantizar nuestro futuro colectivo, así como el de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Debemos repensar la migración global de esta manera si esperamos dejarles un mundo post-pandemia pacífico, próspero y seguro”, finalizó.
