Las cárceles, en el pasado, eran «las universidades del crimen» porque ahí los delincuentes llegaban a especializarse, a hacer contactos y a continuar, en mayor escala, la vida reñida con la ley una vez terminaban la condena. También durante la tregua entre pandilleros y el FMLN, los centros penales se convirtieron en la base de operaciones para planificar asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. A cambio de dejarlos operar, el Gobierno de Mauricio Funes dio la impresión de una falsa reducción de los homicidios y, de paso, pagó por los votos de las futuras elecciones y permitió privilegios a los cabecillas de las pandillas, que incluyeron tener acceso a teléfonos, televisores y comida.
En este contexto, las prisiones eran el reino del crimen con las pandillas como monarcas, lo que se evidenciaba en las paredes pintadas con los símbolos de sus organizaciones criminales.
Pero la política de connivencia con el crimen no solo existía para los delincuentes violentos, también los criminales de cuello blanco tenían un trato con los aplicadores de la ley. Exfuncionarios que fueron condenados por actos de corrupción que saltaban a la vista eran beneficiados con el arresto domiciliario o lograban, mediante ardides, pasar parte de la condena en la cama de un hospital privado, que terminaba por convertirse en una lujosa estancia para evadir la cárcel.
La medida alterna a la detención benefició a exfuncionarios de ARENA y del FMLN (ministros, alcaldes y hasta dirigentes políticos) acusados de lavado de dinero, asociaciones ilícitas y de sobornos, entre otros delitos. Lo que la ley contempla como una excepcionalidad era aplicada como la regla para los políticos corruptos, a pesar de estar acusados de lavar millones de dólares o de haber desvalijado las arcas del Estado.
Todo eso ha cambiado, como parte de las nuevas políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, empezando con el orden y la disciplina en las cárceles, que ahora sí están bajo control del Estado y no de los criminales. La Asamblea Legislativa se ha unido a la cruzada y ha dicho que no tramitará indultos, sino que los referirá al Órgano Judicial. En los tribunales estamos empezando a ver un cambio luego de la llegada de nuevos jueces, que ya no aplican el arresto domiciliario como medida común, sino como debe ser, es decir, solo ante situaciones excepcionales.
Este es el fin de la justicia selectiva. Ya no habrá más trato preferencial para los saqueadores del Estado y socios de las pandillas.
