El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a presentar un aviso penal ante la Fiscalía General de la República por los delitos cometidos en 66 alcaldías antes del cambio de administración. En concreto, los funcionarios a cargo de estas municipalidades habrían malversado fondos destinados a enfrentar la pandemia de la COVID-19 o simplemente se los habrían robado.
En total son $27.6 millones los que presentan irregularidades. El Gobierno del presidente Nayib Bukele trasladó a todas las alcaldías $64.3 millones para que tomaran medidas preventivas ante la propagación del coronavirus, pero en lugar de ello las auditorías han detectado que $24.9 millones se usaron para pagar salarios, cuotas pendientes con proveedores e incluso los gastos de las fiestas patronales (sí, hicieron celebraciones masivas en medio de la pandemia, lo cual no solo era un atentado contra la salud de los ciudadanos, sino también un desvío de los recursos del Estado).
Además, quizá lo más grave, no hay documentos que registren para qué utilizaron $2.7 millones. No hay ninguna solicitud de gasto o factura que pruebe que se utilizaron en beneficio de la población.
Con el aviso penal se abre la posibilidad de que las autoridades trabajen para recuperar esos fondos o, en su defecto, llevar a los malos funcionarios a enfrentar la justicia. La alcaldía que más dinero faltante tiene es la de San Salvador, con $1.2 millones. El funcionario que estaba a cargo, Ernesto Muyshondt, está en prisión debido a las negociaciones que hizo con pandilleros, y esto no hace más que sumar cargos en su contra.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que en este caso se procederá de manera similar a lo que sucedió con la Operación Monarca, en la que se investigó y procesó a dos alcaldes de la zona paracentral por delitos relacionados con la corrupción, llegando a buscar también a los patrocinadores de los crímenes.
Esta forma de apropiarse de los recursos del Estado o desviarlos para otros fines ha sido la conducta habitual de ARENA y del FMLN, que diseñaron el Fodes como un mecanismo para saquear el erario. Por eso reclamaron airadamente cuando las transferencias de dinero no llegaron antes de la campaña electoral, porque contaban con esos fondos para hacer proselitismo y pagar a sus activistas.
Como muestra el mal uso que dieron estas 66 alcaldías a los fondos de prevención para la pandemia, los viejos alcaldes no estaban al servicio de sus comunidades, sino que utilizaban los puestos para apropiarse de fondos en beneficio propio y de sus partidos políticos.
