Después de la avalancha de críticas nacionales e internacionales en contra del intento de golpe de Estado parlamentario en contra del presidente Nayib Bukele, lo lógico habría sido que, una vez que llegaran a la comisión política las iniciativas de destitución del mandatario, fueran enviadas inmediatamente al archivo. Haberlo hecho de esta manera habría sido congruente con la posición de algunos parlamentarios —entre los que estaba el mismo presidente de la Asamblea Legislativa— de que fue un exabrupto de un diputado y que carecía de respaldo entre su bancada parlamentaria.
Sin embargo, las dos mociones, calzadas por ARENA y el FMLN, se mantienen activas dentro de la comisión política como amenazas directas en contra de un gobernante electo de forma democrática y con amplio respaldo popular.
Sin duda, el plan para terminar abruptamente con la presidencia de Bukele es algo que tiene ramificaciones amplias en la alianza ARENA-FMLN y más allá, y llega a financistas de estos partidos y de otras agrupaciones políticas que también se han mostrado favorables, incluyendo al diputado Rodolfo Párker, principal defensor de mantener activas las amenazas de destitución en la comisión política.
En dos semanas hay elecciones de alcaldes y diputados, y la certeza de la derrota está generando que algunos políticos actúen de manera errática y sin guardar las apariencias. No obstante, lo que se está configurando es la expresión popular de quienes serán los gobernantes. Esto forma parte de la esencia de la democracia.
Buscar «procesos legales» amañados para burlar la voluntad popular no es más que la expresión de la desesperación y un atentado contra la democracia. Como ciudadanos debemos estar vigilantes a este fenómeno y exigir a las instituciones que funcionen según las leyes.
El Estado debe garantizar que el 28F se respete la voluntad del pueblo en las urnas; para ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la tarea de ser transparente y eficiente. Más allá de los compromisos que tengan sus magistrados con los partidos que los propusieron, el principal deber es hacia los ciudadanos.
De igual manera, la Fiscalía General de la República debe estar atenta a que en la Asamblea Legislativa no se trate de utilizar un mecanismo legal para torcer la voluntad popular. La comunidad internacional ya está al tanto de los planes desde sectores políticos para atentar contra la democracia. Las acciones de la comisión política confirman la amenaza latente de un golpe de Estado parlamentario.
